Apuntes de Historia CDXCVIII
Manuel Jesús Parodi.-Sobre el Patrimonio como problema (II)
Señalábamos en los párrafos anteriores que una de las percepciones que en demasiadas ocasiones y con demasiado peso parece tener la ciudadanía en relación con el Patrimonio Cultural tiene que ver con la consideración de dicho Patrimonio como un verdadero problema de gestión para las ciudades (lo que no excluye a otros ámbitos territoriales y administrativos de mayor entidad, envergadura y extensión, en su caso).
El Patrimonio Cultural (y Natural) no es, no debe ser, una carga, ni un lastre, ni un objeto de debate estéril, y el gasto que conlleva su gestión no es tal gasto, sino una inversión económica a la par que social en las ciudades y en la construcción y el fortalecimiento de la ciudadanía.
La gestión del Patrimonio Cultural (y Natural), entendido como lo que es, como un bien social, como un bien comunitario, puede y debe ser legitimada en su acción por la participación de la propia comunidad de la que forma parte dicho Patrimonio y a cuyo acerbo pertenece.
De este modo y por ello la gestión del Patrimonio por parte de los actores y agentes públicos (las administraciones competentes en dicha gestión, a todos los niveles) no debería hacerse tan sólo “para” la comunidad, sino “con” la comunidad, de acuerdo con las sensibilidades e intereses del cuerpo social en el que dicho Patrimonio se inserta, fomentándose además la interacción en positivo entre Patrimonio y ciudadanía.
De este modo, lo ideal, lo recomendable, es que el proyecto y el trabajo en materia patrimonial se realice “con” la comunidad, trabajando mano a mano las administraciones públicas y la ciudadanía, de acuerdo con las dinámicas de la planificación participativa y bajo el prisma del concepto de ciudadanía activa, con los ciudadanos como entes activos y participativos que asumen sus propias responsabilidades como tales ciudadanos.
Señalaremos una vez más (y no es nada nuevo) que a este respecto es recomendable la creación de espacios y foros públicos como forma de dar curso a esta participación activa, sin menoscabo de la posibilidad de la existencia de otras formas y mecanismos (especialmente en esta era digital) de dar curso a la referida participación activa de la ciudadanía.
Ha de tenerse en cuenta, sin duda, en este sentido a los propietarios de bienes del patrimonio cultural (bienes inmuebles y muebles), al tejido empresarial de la localidad, a las asociaciones (de diferentes naturaleza, acaso con especial atención a las de carácter vecinal y cultural, pero no sólo a éstas, ya que las entidades de índole religiosa son -en líneas generales- actores con un especial rol, peso y papel en el ámbito patrimonial), a los diferentes ámbitos laborales y profesionales, a las entidades e instituciones educativas públicas y privadas así como a ciudadanos individuales cuyo ámbito de acción y trayectoria guarde una mayor vinculación con el contexto patrimonial, de cara a dar formas a la ideas de acción, a contar con los criterios y opiniones de un espectro ciudadano, social y económico, tan amplio como sea posible en el seno de una ciudad, y todo ello orientado a trabajar con planificación diseñando planes de acción plurianuales contando con los recursos, conocimientos y habilidades de la ciudadanía para poner en pie las línea de planificación que la propia realidad del Patrimonio, combinada con la iniciativa de los gestores públicos y con las inquietudes del cuerpo social, demandan.
En lo que atañe al Patrimonio Cultural, los procesos participativos pueden ser determinantes de cara a la consecución de resultados y a las consecuencias de las líneas de acción planificadas.
En este sentido, la interacción entre gestores públicos y agentes locales puede ser fundamental para contribuir a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Patrimonio de su localidad, ayudando de este modo así mismo a reforzar el sentido de comunidad y el sentimiento de pertenencia de dicha comunidad como colectivo y de los ciudadanos a título individual respecto al Patrimonio Cultural que forma parte de su propia herencia identitaria como cuerpo social.
Es imprescindible (y de nuevo lo señalaremos) contar, de partida y a priori, con un catálogo de todo el Patrimonio Cultural presente en el territorio del municipio, una herramienta imprescindible para una verdadera e integral gestión de los bienes patrimoniales.
La existencia de un catálogo de esta naturaleza, una Carta Patrimonial como la que por ejemplo ha desarrollado el cercano municipio de Coria del Río y de cuyo equipo redactor hemos formado parte, no solamente ayudará a orientar mejor las posibles y diferentes opciones de organización y gestión del Patrimonio Cultural local, sino que al mismo tiempo permitirá disponer de una mejor y más completa evaluación de las posibles estrategias económicas públicas (y privadas) de cara a la gestión de los bienes patrimoniales locales, ayudando a la racionalización y ergonomía de las inversiones públicas y al mejor aprovechamiento de los recursos económicos por parte de las administraciones locales.
La planificación de la gestión del Patrimonio (especialmente desde esta perspectiva) servirá igualmente para implementar una más amplia gama de posibles estrategias de participación pública relacionadas también con la acción contra el cambio climático, algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de desarrollar políticas patrimoniales a largo plazo.
En cualquier caso y de seguro, habida cuenta del estado de la cuestión en demasiados escenarios locales, el Patrimonio Cultural (y no olvidemos al Natural) más que una fuente de bienestar, un elemento identitario y un tesoro para la comunidad, seguirá siendo un elemento débil, un problema en sí mismo, y estará sujeto a constantes y severas amenazas que de manera permanente lo seguirán atenazando al tiempo que lo irán progresivamente mermando ante la mirada preocupada de parte de la ciudadanía y bajo la actitud poco cuidadosa y menos eficaz de unos gestores electos de la cosa pública cuyas posibles incuria e incapacidad acaso se revelarán como unas de las principales amenazas que lamentablemente afligen (cuando no condenan) a unos bienes patrimoniales la salvaguarda y conservación de los cuales está encomendada a dichos gestores públicos electos.
Y así cada cuatro años.