La portavoz de IU y diputada provincial, Carmen Álvarez, exige al alcalde, Víctor Mora, que muestre un poco de humanidad y empatía y ofrezca a la familia una solución habitacional  

Empatía. Eso es lo que se exige al alcalde, Víctor Mora, con la familia a la que se le va a derribar la vivienda en La Colonia Monte Algaida. La portavoz y diputada provincial, Carmen Álvarez, acompañada por el concejal de IU, Antonio González, visitó a los afectados/as en varias ocasiones en noviembre, pudiendo comprobar la situación tan complicada que están atravesando desde el punto de vista social, económico y psicológico. La reclamación que hacían en todo momento era la de que el alcalde, Víctor Mora, los atendiera. 

Ante la negativa, hoy mismo los afectados, apoyados por vecinos/as de la zona, se han manifestado ante las puertas del Ayuntamiento con pancartas, bajo el lema: “Víctor Mora, no te escondas”. 

Hay que recordar que ya en el pleno de noviembre la portavoz de IU y diputada provincial, Carmen Álvarez, se interesó sobre el problema de esta familia y preguntó directamente al alcalde y a las delegadas de Urbanismo y Servicios Sociales, sobre la atención que se le había prestado a los afectados/as. 

Desde IU se insiste en que hay que ofrecer una solución habitacional y que hay que aclarar las razones por las que, además, hay una multa por infracción urbanística hacia el hijo del matrimonio, por un valor de 141.000 euros; ya que hay que tener en cuenta que la sentencia por la que se ha ordenado el derribo de la casa es de la delegación de Costas, y afecta al padre.

Álvarez insiste en que “para ser alcalde hay que tener humanidad y empatía, y se capaz de enfrentarte a los problemas generales de tu ciudad, pero también a los particulares” y lamenta que “el alcalde ni siquiera haya visitado a la familia para ver cómo se encuentra” y le reprocha que, “tal y como han asegurado los afectados/as, incluso les haya colgado el teléfono cuando le han reclamado apoyo”. 

Desde IU se deja claro, tal y como se ha trasladado a la familia afectada, que hay que cumplir la legalidad vigente. En concreto, desde el 24 de febrero de 2010 hay una sentencia del juzgado de lo penal número 5 de Cádiz que recoge que es una edificación ilegal y tienen una orden de demolición, pero desde IU se entiende que el Ayuntamiento ante este drama, debe prestar más y mejor apoyo a la familia.