El dilema de la neutralidad en las instituciones de Sanlúcar: Un vistazo crítico a aquellos que han apostado por el PSOE mientras reciben financiación pública
SD.El ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha concedido en 2022 subvenciones públicas por valor de 400.000 euros a colectivos diversos como son Afanas, EsDown, Afemen, Cocina Solidaria, Mujeres Solidarias, AECC, Bello Amanecer, Amigos del Pueblo Saharaui y Fibromialgia o Fundación Aras.
Las partidas presupuestarias para a estas instituciones es lo habitual en cualquier ayuntamiento que quiera fomentar el asocianismo o el apoyo a colectivos que sin estas ayudas no podrían sobrevivir o hacerlo precariamente sin el dinero de todos los sanluqeños y sanluqueñas.
En el escenario político de Sanlúcar, ciertas personas e instituciones han mostrado su apoyo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones locales. Si bien el derecho a la afiliación política y a ejercer como interventor/a o apoderado/a en las mesas electorales es legítimo, hay que cuestionar la ética de aquellos que, a la vez que reciben financiación pública, utilizan su posición para influir en el voto de sus usuarios o seguidores. Así pues, analizaremos las participaciones de estas personas como representantes legales del PSOE en las mesas de los colegios donde los ciudadanos depositan sus votos y que ponen de relieve los posibles conflictos de intereses y las implicaciones que esto puede tener cuando se ejercen esos derechos para apoyar a ese partido que, desde el poder, riega de dinero a la/s intituciones que lo necesitan.
Cualquiera de las asociaciones o entidades beneficiadas con el dinero público tienen que mostrar su imparcialidad y neutralidad, fundamentales cuando reciben estas subvenciones, por lo que es crucial que se respete la autonomía de los individuos y que no se utilice la influencia sobre ellos para direccionar su voto hacia un determinado partido político.
En este contexto, la participación de estos presidentes/as o representantes de estas asociaciones como interventores/as en las mesas electorales y su apoyo público al PSOE suscitan interrogantes sobre su compromiso con la neutralidad y la imparcialidad. Aunque las personas tienen derecho a ejercer su libertad de expresión y a tener una preferencia política, se vuelve problemático cuando se utiliza una posición de poder para influir en la toma de decisiones políticas de los usuarios de la institución.
Se crea un conflicto de intereses y ética cuando la financiación pública, para que puedan llevar a cabo su labor en beneficio de la comunidad, está supedita al compromiso político en favor del PSOE que tiene la obligación y responsabilidad de garantizar que esos recursos se utilicen de manera transparente y ética sin esperar nada a cambio y cuando una institución recibe recursos públicos, es de esperar que se mantenga imparcial y que no se utilice su posición para favorecer a ningún partido político.
Es el caso,por ejemplo, de una presidenta de una asociación de prestigio y la influencia que pueda ejercer sobre los usuarios de la asociación. Si los usuarios se sienten presionados o coaccionados para votar a favor de un determinado partido político debido a su relación con la institución, se estaría socavando el principio democrático de libertad de elección y se estaría comprometiendo la ética de la propia institución.
Es fundamental reflexionar sobre los posibles conflictos de intereses que pueden surgir cuando personas e instituciones que reciben financiación pública deciden participar activamente en actividades políticas, como ser interventores/apoderados en las mesas electorales. Estar bajo el paraguas de la Ley para ejercer tus derechos te garantiza ejercerlos pero es eticamente reprobable.