EL SILENCIO NO GOBIERNA NI DEBE SERVIR PARA GOBERNAR
Fernando Cabral.-Hay momentos en política en los que las palabras son una obligación. Y cuando no llegan, el silencio termina convirtiéndose en una declaración de intenciones, que hablan más alto que cualquier discurso. Cuando la Justicia llama a la puerta de un cargo público, la primera obligación de un gobierno no es esconderse tras el mutismo, sino ofrecer explicaciones a la ciudadanía.
La decisión de la Fiscalía de solicitar que se investigue al concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por un presunto delito de prevaricación no supone una condena. Conviene recordarlo con claridad. En un Estado de derecho, la presunción de inocencia no es negociable y corresponde únicamente a los tribunales determinar si existen o no responsabilidades penales.
Pero la política no puede esconderse permanentemente detrás de los tiempos de la Justicia.
Mientras los jueces investigan, los gobiernos deben explicar. Esa es la esencia de la rendición de cuentas. La ciudadanía no solo tiene derecho a conocer el desenlace judicial de un procedimiento; también tiene derecho a saber qué ocurrió, cómo se actuó, quién tomó las decisiones y qué mecanismos de control funcionaron —o dejaron de funcionar—.
Lo preocupante no es la actuación de la Fiscalía, que cumple con su obligación cuando aprecia indicios que merecen ser investigados. Lo verdaderamente preocupante es el mutismo institucional. Ese silencio que pretende que el tiempo diluya las preguntas incómodas. Ese silencio que convierte una crisis política en una crisis de confianza.
Una ciudad con una larga tradición democrática no puede normalizar que las explicaciones lleguen siempre tarde o, sencillamente, no lleguen. La transparencia no consiste en hablar únicamente cuando las noticias son favorables. Su auténtico valor se demuestra cuando las circunstancias son adversas.
Gobernar implica asumir responsabilidades políticas, aunque finalmente no existan responsabilidades penales. Son ámbitos distintos. La legalidad la juzgan los tribunales; la ejemplaridad la juzgan los ciudadanos.
Quizá el concejal investigado acabe demostrando que actuó correctamente. O quizá no. Será la Justicia quien lo determine. Pero el silencio del gobierno municipal es una decisión política tomada aquí y ahora. Y esa decisión sí puede ser valorada desde ese mismo momento.
La confianza pública no se conserva escondiendo la cabeza ni esperando que cambie el ciclo informativo. Se gana con transparencia, con explicaciones y con respeto hacia quienes han depositado su confianza en las instituciones.
Porque cuando un gobierno calla ante asuntos que afectan al interés general, deja de controlar el relato y comienza a alimentar la desconfianza.
En política, callar puede evitar una rueda de prensa, pero nunca evita el juicio de la opinión pública. Y cuando el silencio sustituye a la transparencia, tarde o temprano siempre se paga un precio. Y en democracia, pocas cosas resultan más dañinas que un poder que confunde el silencio con una forma de gobernar.
La oposición debe exigir explicaciones, por supuesto. Pero, no es precisamente el PSOE de Victor Mora el que está más cargado moralmente para exigirlas. En cualquier caso, es muy lamentable que el gobierno de IU por omisión haga bueno los pretéritos gobiernos socialistas también en este aspecto.
