Actuaciones de la UPROMA de la Policía Local contra la caza furtiva de aves insectívoras
La Unidad de Protección del Medio Ambiente ha incautado en los últimos días más de 120 trampas y cinco reclamos electrónicos
La patrulla de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (Uproma) de la Policía Local de Sanlúcar ha llevado a cabo en la última semana diversas actuaciones contra la caza ilegal de aves fringílidas e insectívoras en el marco de la operación Anthus pratensis.
En total, han sido tres las personas identificadas por los agentes medioambientales, que las sorprendieron realizando estas actividades prohibidas. En las actuaciones efectuadas, la Uproma incautó seis redes abatibles, cinco reclamos electrónicos, 124 trampas y un teléfono móvil de reclamo.
Durante la operación, que continúa abierta, los agentes encontraron seis ejemplares muertos de Bisbita. La operación tiene el nombre científico de esta especie por tratarse de una de la más habituales en estas capturas ilegales. Además, recuperaron vivos nueve jilgueros, seis verderones, tres luganos y dos pardillos. Todas las aves enjauladas que tenían en su poder los furtivos fueron liberadas posteriormente por los funcionarios de la Uproma.
Esta unidad municipal ha valorado positivamente la primera parte del operativo conjunto establecido en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Local de Chipiona al objeto de ampliar el ámbito de actuación. En Sanlúcar, las operaciones se han realizado principalmente en zonas de la periferia como Bonanza, La Algaida o La Jara.
La Uproma-092 recuerda a los ciudadanos que presencien alguna práctica de caza furtiva que pueden ponerse en contacto con esta patrulla medioambiental, la Policía Local de Sanlúcar o la Policía Local de Chipiona, según el término municipal en el que se hallen los furtivos. En este sentido, agradece públicamente la colaboración ciudadana en las actuaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha.
La caza ilegal de aves, de acuerdo con la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, puede acarrear graves sanciones, llegando a alcanzar hasta los 300.000 euros.