Reforma del sistema público de pensiones
Fernando Cabral.-El PP, muy deslegitimado para hablar de las pensiones por las regresivas políticas en esa materia durante los gobiernos de Rajoy, ha tenido una tímida reacción contra a la reforma de las pensiones presentada por el gobierno progresista con el aval de Bruselas y el beneplácito de los sindicatos.
La derecha política y económica, así como, sus voceros mediáticos han decidido pasar la pelota a los empresarios y que estos sean quienes se opongan frontalmente a la reforma de las pensiones presentada. La CEOE y las otras organizaciones patronales comparsa como Cepyme, ATA entre otras, muy gustosamente han cogido el testigo para, llegado el caso, en un futuro cobrar al PP por los servicios prestados.
Da sonrojo ajeno, ver a un tipo como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, rechazar frontalmente la propuesta de la reforma de las pensiones, después de saberse que se ha subido el sueldo un 9% hasta los 400.000 euros anuales tras estar contratado como falso autónomo durante cuatro años, mientras negaba la subida salarial conforme al IPC a los trabajadores.
Así con todo, desde la patronal manifiestan que la reforma responde a una motivación ideológica y sin tener en cuenta la realidad del tejido empresarial, tachando la actitud del gobierno de voracidad recaudatoria. No se quedan ahí y amenazan con subir menos los salarios y frenar la creación de empleo, nada nuevo por cierto. La patronal en su afán de deslegitimar las propuestas del gobierno acude al lugar común de las motivaciones ideológicas, populista y regresiva. En su día, también apreciaron sesgos ideológicos en las subidas del SMI y en la reforma laboral. Sin embargo, en la reforma laboral del PP ni en los recortes a las pensiones que impusieron, que tanto les beneficiaron y tanto sufrimiento y precariedad creo en la clase trabajadora, nunca identificaron motivaciones ni sesgos ideológicas.
La reforma del sistema público de pensiones que presenta el gobierno progresista, sin ser la solución definitiva a los problemas que presenta el actual sistema y su sostenibilidad, supone avances importantes al garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas y eliminar el recorte de las pensiones como elemento de ajuste poniendo el foco en los ingresos para conseguir la sostenibilidad del sistema.
Ofrece a los futuros pensionistas la posibilidad de elegir entre dos periodos de cómputo para su pensión: el actual, de 25 años, o uno ampliado de 29 años, del que se podrán sustraer los dos años de menor cotización. Es decir, en la práctica, el pensionista elegirá entre un cómputo de 25 o de 27 años. De esta manera se frena el efecto perverso en las pensiones públicas con la ampliación del período de cómputo para su cálculo.
Además, introduce una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos, aumentando sus aportaciones, y duplica el mecanismo de equidad intergeneracional. Igualmente, al aumentar el complemento por brecha de género, palia las llamadas “lagunas” del sistema, que perjudicaban especialmente a las mujeres. Subirán las pensiones mínimas y las no contributivas hasta el 60% de la renta mediana.
La sostenibilidad de las pensiones públicas se garantiza poniendo en la mejora de los ingresos del sistema poniendo la voluntad política necesaria para hacerlo. El siguiente paso a emprender es llevar a cabo una verdadera reforma fiscal que confiera un perfil más progresivo y más justo al sistema tributario español tal como reza en la propia Constitución, bajo el principio irrenunciable de quien más gane y más tenga, pague de forma efectiva más impuestos. Una Reforma Fiscal que, a su vez, sirva de sostén a las reformas de las pensiones presente y futuras.
Cualquier reforma del sistema público de pensiones se debe hacer teniendo en cuenta el diálogo y el acuerdo, que habría que sacar del debate político partidario cortoplacista y/o electoralista y conseguir consensos con sindicatos y empresarios, sin caer en los chantajes de estos últimos.
Las pensiones tienen que adaptarse a la sociedad, no la sociedad a las pensiones. Estamos en un momento de profundos cambios que exigen tomar medidas inmediatas con perspectiva a 30 años. La reforma del sistema público de pensiones debe servir para comenzar a andar en ese camino.