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Escolarización

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El PP pide a la Junta un nuevo Decreto de Escolarización que de respuesta a las demandas actuales 

Imagen activaUna sentencia del TSJA pone en entredicho la política de la Junta y defiende el derecho de los padres a elegir el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos.
En la provincia de Cádiz más de 2000 niños no han podido optar al colegio elegido por sus padres para el próximo curso escolar.

 El PP de Sanlúcar a través de su presidente Agustín Hernández, ha dado a conocer públicamente que los problemas de escolarización y dificultad de accesos a centros educativos en el derecho a la libertad de elección de centros por parte de los padres, es un problema social de gran calado en la provincia de Cádiz de cara al próximo curso escolar y que también ha tenido su repercusión en Sanlúcar donde un buen número de familias sanluqueñas se han visto afectadas.

Un buen número de  niños sanluqueños, unos 70 , no han podido optar a una plaza en el centro elegido por sus padres teniendo que ser escolarizados en otros colegios. Frente a esta preocupante situación choca la actitud  del delegado provincial de Educación que ve como positivo el que en torno a 2000 niños gaditanos no hayan podido acceder al centro elegido.

Esta semana se ha conocido una sentencia del TSJA que ampara el derecho de los padres a matricular a sus hijos en el centro que elijan prevaleciendo frente a la actitud de la administración que coarta el derecho de los padres a elegir el centro educativo

Para el Presidente del PP esta sentencia viene a poner claras las cosas, y pone en entredicho la actitud de la Junta de Andalucía al respecto.

Por ello, la Junta se ve ahora obligada a replantear su política de escolarización y abrir una etapa de diálogo y negociación que permita dar una solución a este asunto

Al respecto, el PP va a platear en el Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley en la que se contemplará una modificación profunda del Decreto de Escolarización ahora vigente en Andalucía y que cada año trae problemas a muchas familias

Entre otras cuestiones, el PP apuesta por una nueva Orden de Escolarización que contemple la posibilidad de que las comisiones de escolarización puedan adoptar acuerdos que sean vinculantes para la Administración andaluza; la racionalización de las zonas de escolarización y su área de influencia;  la flexibilización en la aplicación de la normativa respecto a las ratios donde el poder de decisión lo tenga el consejo escolar del centro y que con carácter excepcional se pueda plantear un incremento de las ratios. Además, el PP es partidario a la concertación de una unidad más por centros cuando la demanda de plazas así lo aconseje siempre que el centro ofrezca las condiciones óptimas para ello; y que el nuevo decreto de escolarización fije un baremo más justo y realista sobre criterios prioritarios y complementarios de elección de centro.

La decisión del TSJA significa claramente un serio y muy contundente varapalo a la política educativa de la Junta. Es muy significativo que en las últimas semanas los Tribunales estén poniendo en entredicho la política de educación de la Junta. Hace unos días sobre parte de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y ahora sobre el decreto de escolarización

La Política del Gobierno  andaluz está resultando un fracaso y es muy preocupante que sean los propios Tribunales los que estén tambaleando la política educativa de la Junta. Esta circunstancia pone de relieve la falta de calidad del sistema educativo y es impresentable la actitud de la Junta que se dedica a culpar a los magistrados de sus decisiones

La Junta debe dotar de calidad al sistema y garantizar a los padres el derecho a elegir el centro educativo.

EL PP insta a la Junta a acatar y respetar la sentencia y evite así a los padres el hecho de tener que plantear demandas ante los Tribunales

La citada sentencia debería de sentar jurisprudencia clara y la Junta debería  extender esta decisión a todos los problemas de la comunidad educativa sobre escolarización, para evitar que cada padre tenga que recurrir a los Tribunales para que vean reconocido su derecho a la elección de centro 

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