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Silencio, complicidad y vendetta.
 
 
 
 
   
 
Silencio, complicidad y vendetta. PDF Imprimir E-mail
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22 de Mayo de 2013
Carta abierta de la familia Santiago Rodríguez tras el derribo de su vivienda
La familia Santiago Ramírez quiere expresar su dolor ante los hechos ocurridos el pasado viernes, que concluyeron con el derribo de su vivienda, situada en el Pago Santillana, en la zona de Monteolivete y agradecer las constantes muestras de apoyo que ha recibido de todos los sanluqueños.
El portavoz de la familia, Manuel Ramirez, ha asegurado que si bien existía una sentencia firme con fecha de 2007, este triste final podría haberse evitado si el ayuntamiento hubiera arbitrado las medidas necesarias para iniciar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana prometido por la alcaldesa en campaña electoral y que se prevé como paso previo a la puesta en marcha del POTA (Plan de Ordenación del Territorio) diseñado por la Junta de Andalucía.

Así ha sucedido en el Puerto de Santa María, donde un juez dejó en suspenso el expediente de una vivienda sobre la que pesaba sentencia de derribo al haberse iniciado el proceso de aprobación del PGOU de esa ciudad, hecho que suponía la regularización de la situación de la mencionada vivienda.
En este caso, y si la alcaldesa hubiese cumplido con la promesa que hizo a los sanluqueños en las elecciones municipales de 2011, esta casa hoy estaría en pie.
 
La familia ha pedido a la alcaldesa en numerosas ocasiones desde los últimos seis meses que agilizara estos trámites pero sólo ha obtenido silencio. Asimismo, ha solicitado por medio de varios escritos dirigidos a la alcaldesa un pronunciamiento del Pleno municipal pero el equipo de Gobierno no lo ha incluido en ninguna de las sesiones plenarias celebradas en el ayuntamiento, imposibilitando a esta familia la posibilidad de salvar su vivienda.
 
Asimismo, la familia ha recurrido al defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que también pidió al consistorio que arbitrara las medidas humanas y políticas posibles para salvar la vivienda.
Pero ni el equipo de Gobierno en general ni la alcaldesa en particular han movido un solo dedo para evitar el derribo de la vivienda. En la misma situación que esta familia se encuentran muchos ciudadanos de Sanlúcar. De hecho, a día de hoy hay más de una treintena de viviendas con sentencia firme de derribo.
 
Entonces, se pregunta la familia, ¿Cuál será la siguiente casa que se derribe?, y recuerda las palabras dichas en campaña electoral cuando la candidata del PSOE aseguró: “…cuando sea alcaldesa ninguna casa se derribará en Sanlúcar…”.
La alcaldesa no solo ha mentido a esta familia sino a todos los ciudadanos que confiaron en sus palabras cuando aspiraba a la alcaldía. Además, la familia se pregunta si detrás de este derribo no existe una venganza política, ya que de todos es sabido que el hermano de la afectada por el derribo fue concejal del Partido Popular y quien años atrás llevó a los tribunales a representantes del partido político que hoy gobierna nuestro pueblo.
 
¿Tan necesaria y urgente era la demolición del hogar de esta familia sin darle la oportunidad al resto de grupos municipales de buscar una solución a tan dramática situación?,¿ Es diferente el trato de nuestros representantes municipales en función del afectado? Se plantea la familia, que también se cuestiona quien paga a la empresa encargada del derribo de la obra y por qué y piensa que dada la precaria situación económica de la Gerencia, lo mismo han sido los Reyes Magos.
 
Muchas familias de Sanlúcar están abocadas al derribo de sus casas dado que se encuentran en la misma situación. Por ello, y para que no se vean en la calle, esta familia pide a la alcaldesa que acceda a la revisión urbanística del PGOU que prometió, atendiendo a la nueva legislación promulgada por la Junta de Andalucía, que si bien se pone delante de las pancartas anti deshaucios, tiene alcaldesas socialistas que callan ante demoliciones evitables por la vía legal.
 
Paradojas de la vida,  la alcaldesa como portavoz del PSOE  en Diputación, ha presentado en Pleno una moción en la que solicita que el parque de viviendas de Diputación se destine a uso social cuando en Sanlúcar no se inmuta ante los requerimientos de sus convecinos para evitar el derribo de su vivienda.
En definitiva, y una vez hecho el daño, la familia solo pretende que nadie más vuelva a pasar por la situación de abandono y desamparo que ella ha sufrido por parte de la alcaldesa y el equipo de Gobierno que lejos de defender a estos ciudadanos han optado por el silencio, la complicidad y la vendetta.
 
 
 
 
   
 
     
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