IU saca adelante en Diputación la moción en busca de mejoras en la sanidad pública en la provincia y por un hospital público para la Sierra
La diputada provincial, Carmen Álvarez, ha criticado la Orden en la que trabaja la Junta, que permitiría la externalización de la atención de la Atención Primaria y el uso de quirófanos e instalaciones públicas por parte de empras privadas
Izquierda Unida ha logrado hoy el respaldo de todos los grupos del Pleno de la Diputación de Cádiz, excepto del Partido Popular, que ha votado en contra, a la moción defendida por la diputada provincial, Carmen Álvarez, con la que se insta a la Junta de Andalucía y especialmente, a la Consejería de Salud y Consumo a una batería de medidas en defensa de la mejora de la sanidad pública de la provincia de Cádiz.
La moción aprobada insta al Gobierno andaluz a “mejorar la situación de la sanidad pública en nuestra provincia y no seguir derivando recursos a la sanidad privada”, a “mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales que trabajan en nuestro sistema sanitario andaluz” y a “ofrecer una atención primaria de calidad, con centros de salud dotados de los profesionales necesarios para cubrir las demandas de los ciudadanos y urgencias”. Asimismo, insta a Junta y Consejería a “la creación de un Hospital Público para la sierra de Cádiz y dotar a los hospitales del resto de la provincia de recursos y herramientas para poder ofrecerle la mejor sanidad pública a la ciudadanía”, así como a “instalar una unidad de salud mental en todos los hospitales de la provincia de Cádiz”.
En su intervención, Álvarez ha insistido en que “faltan médicos, pediatras y otros profesionales como enfermeros, auxiliares”, por lo que ha dejado claro que “es urgente proceder a la ampliación de plantilla de especialistas en centros hospitalarios para reducir las listas de espera, con mejoras en contratos y condiciones laborales”. Además, ha declarado que “nuestra provincia necesita una ambulancia propia para cada municipio con servicio de urgencias establecido, centros de salud con urgencias 24 horas y que estos centros de salud estén cubiertos con personal sanitario tanto para cubrir las urgencias como el centro de salud”. Además, ha lamentado que “la Junta de Andalucía siga dándole dinero a Pascual y aumentando sus contratos con éste”.
Finalmente, ha advertido “el retroceso que supone la Orden publicada por la Junta de Andalucía, que, de aprobarse en los términos previstos, permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la Atención Primaria, estableciendo los precios que pagará el Servicio Andaluz de Salud por estos servicios”.
Y es que, según aparece en su anexo de tarifas -prosiguió-, “el Gobierno de Moreno Bonilla pretende pagar la primera consulta médica de atención primaria a 150 euros y las sucesivas a 90 euros. Estos precios serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en las instalaciones de las clínicas privadas, pero la Orden también fija la cuantía para las que se realicen en la propia red sanitaria pública. Y es que, en un movimiento inédito, las empresas privadas podrán utilizar los hospitales y centros de salud públicos para desarrollar los actos clínicos que previamente el SAS les haya derivado”.
Así se establece en el texto de la Orden, que habilita a la Junta para fijar las tarifas que abonará a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, “o lo que es lo mismo, pondrá a disposición de las empresas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del propio Servicio Andaluz de Salud”.
Por todo ello, Álvarez ha advertido que “Moreno está engañando al personal sanitario, especialmente al de Atención Primaria. Mientras les prometía mejoras para evitar huelgas y movilizaciones, estaba preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo”. “Queda en evidencia la verdadera hoja de ruta del PP andaluz, que sigue los pasos de desmantelamiento de la sanidad pública ya andados por este partido en otras comunidades autónomas y especialmente en Madrid, razón por la que hoy han votado en contra, dándole la espalda a las necesidades de los ciudadanos/as”.