Ecologistas en Acción califica de muy deficiente la política ambiental en Sanlúcar de Barrameda
Frente a la falta de transparencia y de calidad democrática, el negacionismo climático y la insumisión a las leyes ambientales que venimos padeciendo durante los últimos 4 años, proponemos una transición ecológica justa, que no sobrepase los límites ecológicos y garantice el bienestar para todas las personas; que proteja la naturaleza y que luche contra el Cambio Climático.
Ecologistas en Acción hace un diagnóstico muy negativo de la política medioambiental llevada a cabo por el gobierno local de Sanlúcar durante los últimos 4 años basándose en los siguientes elementos:
1) La falta de transparencia y el bloqueo sistemático a la participación ciudadana.
2) El incumplimiento reiterado e incluso la actitud de insumisión frente a leyes en vigor de importancia para el medio ambiente aprobadas por el Parlamento y el Gobierno de la Nación.
3) La falta de política ambiental y el incumplimiento generalizado de las mociones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda obtiene la peor calificación en el índice de transparencia y gobierno abierto de los 122 municipios andaluces de más de 15.000 habitantes evaluados por la plataforma colaborativa Dyntra. Se incumple la participación real y efectiva a la que obliga la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información y de participación pública en materia de medio ambiente. No hay transparencia sobre información ambiental, los consejos locales de participación han sido eliminados, no se contestan las peticiones de información o de reunión que se solicitan y para colmo las mociones presentadas por la oposición que se aprueban democráticamente en Pleno son sistemáticamente incumplidas.
En lo que se refiere a las mayores amenazas ambientales: el Cambio Climático y la pérdida masiva de Biodiversidad la situación es nefasta. El gobierno se ha mostrado insumiso a las leyes andaluza y española de Cambio Climático: El Plan local frente al cambio Climático, que debería estar aprobado y aplicándose desde octubre de 2022, todavía no se ha redactado. El Plan de movilidad urbana sostenible, PMUS, que tendría que estar en vigor antes del 1 de enero de 2023, tras haberse elaborado, estuvo inexplicablemente guardado en un cajón durante un año (de febrero de 2022 a marzo de 2023) y se aprobó finalmente en el Pleno de finales de marzo de este año. Sin embargo, no ha comenzado a aplicarse. Tampoco se ha aprobado la Zona de Bajas Emisiones a la que obliga la Ley Estatal de Cambio Climático. La evidente voluntad de retrasar el cumplimiento de estas normas sitúa al Gobierno de Sanlúcar en posiciones políticas de Negacionismo Climático semejantes a las de la extrema derecha.
La crisis de la biodiversidad es una emergencia global comparable a la emergencia climática; un millón de especies de seres vivos y ecosistemas como los arrecifes de coral están al borde de la extinción. Ante esta situación, se ha firmado un acuerdo histórico y vinculante para proteger el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales y costeras y marinas. Sin embargo, eso no parece ir con nuestro Ayuntamiento que ha arrasado la vegetación natural de la Barranca sobre la plaza de toros, que se niega a cumplir lo ordenado en el PGOU para llevar a cabo sendos parques urbanos en los Pinares de Bonanza y en Las Piletas, y la moción aprobada en Pleno para declarar como parque periurbano a los pinares de Bonanza. Hemos tenido que ser Ecologistas en Acción los que instamos a la Junta de Andalucía a proteger las lagunas de Bonanza por albergar a varias especies de aves en peligro de extinción. Finalmente, tras 3 años de reiteradas peticiones, en diciembre de 2022 la Junta de Andalucía aprobó la declaración de humedal protegido para dichas lagunas ante la absoluta indiferencia del Ayuntamiento.
La Ley estatal más reciente de gran importancia ambiental es la de Residuos, en vigor desde el 9 de abril de 2022. Desde el 1 de julio, la Ley de Residuos de España obliga a todos los ayuntamientos de más de 5000 habitantes a realizar la recogida separada de la materia orgánica (los restos de comida). Además tienen la obligación de aprobar planes locales de gestión de residuos, nuevas ordenanzas adaptadas a la ley, y a obligar a Ecoembes a que pague el 100% del coste de la recogida de todos los residuos de envases, incluyendo los que estén en el contenedor normal de restos (gris) y los recogidos en la calle, campo y playas. Sin embargo, nuestro Ayuntamiento no ha hecho nada de esto. Por contra, el gobierno municipal y el Pleno, ha aprobado la adhesión a un convenio que es un auténtico Fraude de Ley para ayudar a Ecoembes a que pueda seguir incumpliendo la ley a costa del dinero público y de la contaminación de la naturaleza.
Sigue incumpliéndose la obligación legal de depurar todas las aguasresiduales del municipio, cuya responsabilidad directa es de Aqualia. El año 2020, el triste año de la pandemia, fue bastante lluvioso y se produjeron grandes vertidos a la playa y al estuario. En 2021 y 2022, aunque llovió menos, siguieron realizándose vertidos importantes. El presente año 2023 ha sido hasta ahora muy seco. En un año normal, un promedio de unos 30 a 40 días la depuradora vierte sin depurar grandes volúmenes de agua fecal debido tanto al mal estado del alcantarillado que provoca la entrada de agua salada cuando se producen “mareas vivas”, o bien cuando se producen lluvias intensas o moderadas. Desde hace 10 años el Ayuntamiento incumple la obligación de eliminar las conexiones del alcantarillado a los arroyos de San Juan y salto del Grillo.
Se persiste en la nefasta costumbre de podar los árboles urbanos de forma drástica eliminando casi toda la copa, lo que es muy perjudicial para la salud de los árboles y para las funciones (sombreado, mejora de la calidad del aire, refugio animal y embellecimiento de la ciudad) que deben cumplir. Esta y otras costumbres como el uso de herbicidas, la reducción al mínimo de los alcorques o la siega de las hierbas antes de florecer son malas prácticas que deben cambiarse para favorecer la biodiversidad urbana y los servicios que nos da. El Ayuntamiento no debería poner en manos de la empresa municipal de Limpieza estas tareas, sino encomendar el cuidado de las zonas verdes a jardineros profesionales.
Ecologistas en Acción insiste que es necesario un Plan Local para una Transición Ecológica Justa de la política ambiental de nuestra ciudad, una transición ecológica justa que aumente la calidad democrática, cumpla las leyes ambientales, lucha contra el cambio climático, proteja la naturaleza, elimine los vertidos a la playa, respete a los árboles, y mejore la gestión de los residuos. Una ciudad con menos coches, más bicis y mejor transporte público.