Amnistía a las viviendas ilegales

La amnistía a las viviendas ilegales tendría consecuencias demoledoras

  EEA.- El anuncio de que el Ministerio de Fomento prepara una amnistía general para las cientos de miles de viviendas ilegales existentes en nuestro país es un escándalo sin precedentes que tendría gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicos, y atenta contra el interés general de los ciudadanos y del país. Cuando cada día estamos sufriendo con más rigor la debacle que ha ocasionado la burbuja inmobiliaria, el Ministerio de Fomento planea legalizar las cientos de miles de viviendas que se han construido en las últimas décadas en nuestro país con la absoluta connivencia de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

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En vez de plantear una amnistía a las personas que han incumplido normas urbanísticas y han defraudado a la Hacienda pública (el fenómeno del urbanismo ilegal encubre un gigantesco fraude fiscal y de lavado de dinero negro), el Gobierno debería proceder a aprobar una Ley que obligue a la desclasificación de los millones de m2 de suelos urbanizables recalificados al calor de la burbuja inmobiliaria –activos tóxicos les llaman eufemísticamente- y exigir a ayuntamientos y gobiernos de las Comunidades Autónomas, con el mismo rigor que reclama el cumplimientos de las leyes presupuestarias, la aplicación estricta de las leyes y normas urbanísticas.

Ecologistas en Acción advierte que la aprobación de esta amnistía podría provocar graves consecuencias en todo el país. En primer lugar tendría lugar un efecto llamada, ya que los ciudadanos percibirían nítidamente que se premia al infractor, que nunca se derriba nada y que se todo se termina por legalizar. Esta amnistía nunca sería una “ley de punto final”, pues se crea un precedente jurídico imposible de soslayar: cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora, tendrá la garantía de que podrá ser legalizada. El Gobierno renuncia así a los principios de protección del suelo no urbanizable y se alinea directamente con los principios de la derecha más dura de los tiempos de Aznar del “todo urbanizable”.

Las cautelas previstas -que solo se legalizarían las viviendas de terceros de buena fe-, son inaplicables, pues abre las puertas a un fraude gigantesco al poderse vender cualquier vivienda expedientada a testaferros “de buena fe”; además, a falta de instrumentos legales y materiales del Gobierno para inspeccionar todo este complejo proceso, serían los ayuntamientos los encargados de hacerlo, los mismo ayuntamientos que han promovido este urbanismo salvaje. Este plan supondría consolidar cientos de miles de viviendas construidas en zonas no urbanizables, la mayoría de segunda residencia en parajes de alto valor ecológico por las sierras y el litoral de todo el país. En algunas zonas donde se ha iniciado este proceso de “legalización” generalizada, como en Andalucía, se han generado enormes conflictos al negarse los propietarios de las viviendas ilegales a asumir los costes de urbanización, infraestructuras, cesiones para equipamientos y zonas verdes… pretendiendo que se ejecuten con dinero público

Ecologistas en Acción entiende que es urgente dimensionar el urbanismo a las necesidades reales para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Cuando existen a nivel estatal más de 700.000 viviendas vacías, cuando buena parte del parque de viviendas –sobre todo en los centros de las ciudades- está en mal estado, es hora de apostar por la rehabilitación y mejora de las ciudades existentes, en vez de seguir alimentado burbujas inmobiliarias, intentando ahora poner en valor y en el mercado a estas cientos de miles de viviendas construidas al margen del planeamiento.

No es casualidad que se anuncie esta amnistía cuando arrecian las dificultades y disminuye el crédito ciudadano del actual gobierno. Se demuestra, como ya ha sucedido en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso. El Gobierno lanza la consigna: “Urbanizar ilegalmente es un buen negocio”.