La amnistía a 300.000 viviendas ilegales en Andalucía es un escándalo de consecuencias incalculables.El decreto es un aval para el urbanismo salvaje

Ecologistas en Acción considera que el Decreto de regularización de viviendas ilegales en Suelo No Urbanizable (SNU) es un fiasco que tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicos, y atenta contra el interés general de los ciudadanos.

Cuando en julio del año pasado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV)  sometió a consultas este decreto, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas para eliminar el principal atractivo de la construcción en el campo: la especulación inmobiliaria, ya que para muchos esta inversión representa enormes plusvalías en el negocio de la compra-venta de suelos y viviendas. La COPV no contestó a nuestras propuestas y desafortunadamente no las ha recogido en este Decreto.  
Ecologistas en Acción ya advirtió que la aprobación de este Decreto podría provocar graves consecuencias para Andalucía:
 
1.-Efecto llamada. Por más que se insista en lo contrario, este Decreto es una amnistía y diríamos más: es una “amnistía con premio para el infractor”. Es amnistía porque se reconoce que la construcción de estas viviendas en suelos prohibidos es un delito, y este decreto elimina el carácter de “delito” y además lo hace con carácter universal en todo el ámbito andaluz. Y lo hace con “premio”, porque el Decreto va a dar a estas viviendas ilegales una seguridad jurídica (Ej. pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad) que antes no tenían, por más que la Junta pretenda decir que “no es una legalización, sino un reconocimiento”, que no se sostiene de ninguna manera. Además, no es una “ley de punto final”, pues se crea un precedente jurídico imposible de soslayar: cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora, tendrá la garantía de que podrá ser legalizada. La Junta de Andalucía renuncia a los principios de protección del suelo no urbanizable y se alinea directamente con los principios liberales de la derecha del “todo es urbanizable”.
 
2.-Costes ambientales. Desde la propia Junta de Andalucía se reconoce este urbanismo ilegal -que ha invadido millones de m2 de suelos no urbanizables, en muchos casos protegidos-, es insostenible desde el punto de vista ambiental, ya que es altamente consumidor en recursos naturales (agua, energía, suelo), y fuertemente contaminador, visual (daños al paisaje), edáfico (basuras), acuático (aguas residuales), etc. Cuando es una vivienda, el daño es mínimo, pero con las 300.000 viviendas ilegales en Andalucía, de las que el 90% se pretenden regularizar,  es un desastre ambiental.
 
3.-Costes económicos. La Junta afirma que con este Decreto se pretende que aquellas construcciones que se hicieron sin contribuir a la riqueza y el bien público, como hacen las urbanizaciones que se construyen legalmente, paguen y contribuyan con las cesiones, dotaciones e impuestos que marca la ley para cualquier construcción. También se afirma que con esta regularización estas viviendas podrán acceder a agua y electricidad. Todo esto significa, en el mejor de los casos, que se ignora la realidad, cuando no se oculta demagógicamente. Estas urbanizaciones y viviendas ilegales han contado con el apoyo de los Ayuntamiento: les hacen caminos, se los asfalta, les pone los tendidos eléctricos, les busca agua… Y todo con dinero público, a veces a través de las Diputaciones, bajo programas eufemísticos de “mejora del medio rural”. Por otra parte, no es cierto que con la regularización se vayan a pagar los impuestos, cesiones y dotaciones previstas para cualquier urbanización, en todo caso esto solo será posible para los pocos casos en que se recalifiquen los suelos a urbanizables en el PGOU. El Decreto lo único que exige son unos impuestos que además fijará cada Ayuntamiento, y es previsible que un Ayuntamiento que consintió estas viviendas y que quiere revalidar el voto de los ciudadanos, procurará ser “tolerante” y buscar tasas asumibles por todos, que de ningún modo compensarán los enormes costes que va a suponer en el futuro las exigencias de servicios (caminos, iluminación de viales, transporte, correos, basuras, etc.) de estos nuevos ciudadanos con sus plenos derechos.
 
Este Decreto supone la renuncia definitiva de la Junta de Andalucía a la ordenación del territorio y a la disciplina urbanística ¿Para qué quiere competencias que luego renuncia a aplicar? La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico de los municipios andaluces, fijado por el Parlamento en el 40%, y el mantenimiento de la ciudad compacta mediterránea También supone un evidente desprecio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que determina que las viviendas en suelo no urbanizable solo podrán justificarse como parte de una explotación agropecuaria, prohibiéndose claramente las segundas residencias.   
 
La Junta y los Ayuntamientos pretenden regularizar las viviendas cuya infracción -4 años- ha prescrito, pero no se comprometen a demoler las que no han prescrito: las construidas en suelo de especial protección, en sistemas generales, en suelos de riesgo… También obvia la Junta que las urbanizaciones ilegales no prescriben, por lo que habría que proceder a desmontar todas las infraestructuras (viales, redes de agua y electricidad…) construidos de forma ilegal, y sin las que no habrían proliferado esas cientos de miles de viviendas ilegales.
 
Con este Decreto la Junta deja en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé el "derribo exprés" por parte de los Ayuntamientos. Nadie se cree que algún Ayuntamiento vaya a tener la osadía de acometer la demolición de viviendas ilegales con el coste electoral que  supone. En el supuesto de que este Decreto sobreviva tras las elecciones inminentes, seremos testigos de innumerables irregularidades en el proceso de regularización, y al fomento del fenómeno insostenible de la construcción en suelo rústico.
 
No es casualidad que los máximos responsables de la Junta anunciaran esta amnistía antes de las pasadas elecciones municipales, y que ahora, en nuevas vísperas electorales, lo aprueben. Se demuestra que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso. La Junta ha lanzado un buen lema de campaña “Urbanizar ilegalmente en Andalucía es un buen negocio, vótame”.