IU pedirá en el pleno una comisión de investigación sobre Elicodesa

Desde IU, la portavoz, Carmen Álvarez, insiste en que hay que depurar responsabilidades y esclarecer los hechos por los que la empresa municipal ha sido condenada a pagar 15,000 euros a una trabajadora por vulnerar su derecho fundamental de Igualdad

El pasado 22 de diciembre, el Juzgado de lo Social número 3 de Jerez dictó una sentencia culpatoria contra la empresa municipal Elicodesa por considerar probado la vulneración del derecho fundamental de igualdad y condenando a la empresa Elicodesa SAU a que abone a la actora en concepto de indemnización por dicha vulneración la cantidad de 15.000 euros.

La portavoz de IU y diputada provincial, Carmen Álvarez, deja claro que “con esta sentencia vuelve a quedar patente la forma tan dudosa de actuar por parte de la empresa municipal Elicodesa con los trabajadores/as”. En este caso concreto, la empresa notificó a una trabajadora la incoación de un supuesto expediente disciplinario de forma claramente diferente a como se lleva a cabo habitualmente. La policía local se personó en el domicilio de una empleada, de noche, para entregar dicha notificación. 

Por todo ello, desde IU se ha registrado una moción al pleno de febrero, solicitando que se proceda a la apertura de una comisión de investigación para determinar, entre otras cuestiones, de quién partió la orden para que la policía local procediera de esta forma y depurar responsabilidades. 

Hay que recordar que estos hechos fueron denunciados públicamente en sesión plenaria y reiteradamente por IU, instando al alcalde, en calidad de presidente de dicha empresa municipal, a que tomara medidas correctoras al respecto, sin que éste hiciera nada. 

Por otro lado, desde IU se insiste en que “una vez identificada la persona o personas, en su defecto será responsable el propio alcalde, ya que es el presidente de la citada empresa municipal, que ordenaron la notificación discriminatoria, se exigirá que paguen de su patrimonio personal la indemnización establecida de 15.000 euros en la citada sentencia”.

Finalmente, Álvarez insiste en que “hay que poner en marcha los mecanismos de control necesarios para que situaciones como ésta no se vuelvan a producir y que se vele por el derecho de igualdad de las trabajadoras/es”.