La nueva tasa de basuras

Fernando Cabral.-En el 2025 todos los ayuntamientos de España deberán aplicar una nueva tasa de basura que en mayor o menor medida afectará a los bolsillos de particulares y comercios.

Se trata de la aplicación de la transposición estatal a la nueva directriz europea, que España aprobó en el año 2022 con dos principios básicos: en primer lugar, que la recogida de desechos no puede ser deficitaria y los vecinos deben pagar el 100% de su coste; y, en segundo término, que aquellos ciudadanos que reciclen más deben pagar menos. En cualquier caso, pocas veces, por no decir ninguna, vienen noticias de la UE en beneficio del bolsillo de los ciudadanos.

Algunos afirman que la transposición estatal de la directriz europea va a suponer una buena excusa a no pocos ayuntamientos para aumentar la presión fiscal a los ciudadanos, sin que en esta ocasión reciban una mejora sustancial en el servicio prestado. Se prevé que puede llegar hasta triplicar la tarifa actual en muchos casos.

Según la ley, todos los municipios deben adaptarse al nuevo contexto el año que viene, por eso es ahora cuando se debate o se tendría que debatir en los plenos municipales antes de final de año. Las obligadas modificaciones en la tasa de basura afectan tanto las que gravan a las familias como a los locales o viviendas donde se ejerzan algún tipo de actividad económica.

Hay quien denuncia que la nueva tasa expone a los ayuntamientos a “inseguridad jurídica” ante los posibles recursos que se pueden llegar a presentar cuando se aplique por la supuesta inconcreción de la normativa. Se establecen unos objetivos, pero no cómo llegar a ellos. La aplicación estricta y literal es prácticamente imposible, ya que, la inmensa mayoría de los ayuntamientos no cuentan con recursos eficientes para cuantificar la cantidad de residuos que generan viviendas o locales. 

Lo cierto es que, con disparidad de criterios entre ayuntamientos y exponiendo a los consistorios a  cierta inseguridad jurídica, se está comenzando a instaurar la nueva tasa de basuras que podría conllevar tratos discriminatorios según en qué ciudad se viva, incluso en qué barrio o barriada en una misma ciudad.

En muchas ciudades, donde ya existían tasa de basura, llevan aplicándola desde hace tres años para ir aumentando la tarifa de forma progresiva para que no sea deficitaria y adaptarse a la nueva ley, y en otras están trabajando en aplicarla mediante tramos variables.

Por otra parte, para personalizar la tasa en el sentido de que quien más recicle menos pague, hay quien propone que la tarifa a pagar se calcule en función de los metros cuadrados del inmueble, sin hacer distinción de sí se trata de una casa o de un piso como hasta ahora y del número de personas que viva en dicha vivienda. También se pretende penalizar el consumo de agua de la vivienda, un elemento que al mismo tiempo sirve para conocer el número de personas que residen bajo aquel techo.

Hasta ahora, más allá del anunciado aumento del 40% de la tasa de basura para 2025, en Sanlúcar nada se sabe ni se conoce, al menos no se ha debatido aún en el Pleno Municipal, sobre los criterios de aplicación y adaptación de la tasa de basura a la citada transposición estatal de la directriz europea. Encogerse de hombro y aceptar la subida de la tasa como si fuera un mal divino no es lo que se espera de quienes consideraban hasta hace poco el sistema tributario local sanluqueño como abusivo e injusto. 

La subida de la tasa de la basura, al parecer no tan obligatoria como pretenden hacernos ver, se podría compensar con una bajada proporcional del IBI, ya que es un impuesto sobre los mismos hogares que sufrirán la subida de la tasa de la basura. Pero para ello, hace falta voluntad política y ganas de trabajarlo, realidades poco distinguibles en el equipo de gobierno. 

Pero claro, sin el considerable aumento de ingresos gracias a la subida que experimentará el recibo del agua y del inevitable incremento de la tasa de la basura, no habría un presupuesto de 78 millones de euros para 2025, en el que algunas partidas presupuestarias que en nada contribuyen a la mejora del estado de la ciudad y de la calidad de vida de los sanluqueños han experimentado una subida del 1100 % en algunos casos.