Mapa de prioridades

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La moción, que será defendida por la portavoz del PP de Cádiz y parlamentaria andaluza, Ana Mestre, denuncia los incumplimientos del Gobierno andaluz en equipamientos judiciales en la provincia. En este sentido, explican que el Plan de Infraestructuras judiciales aprobado en 2001, contemplaba la construcción de 16 nuevos edificios en los que albergar los juzgados gaditanos. Sin embargo, los populares denuncian que once años después de la aprobación de dicho plan e incluso cuatro años que terminó su vigencia, la mayoría de los proyectos siguen estando pendientes, a pesar de la multitud de promesas y fechas dadas para el inicio de las respectivas obras.

Según apuntan, 10 de las 16 infraestructuras comprometidas no se han llevado a cabo, tales como las ciudades de la Justicia de Cádiz, Jerez, Algeciras y El Puerto de Santa María; y los palacios de Justicia de Puerto Real, San Fernando, La Línea, San Roque, Rota y Barbate.

 

A juicio de los populares, la situación actual de crisis y el anuncio del Gobierno andaluz de no iniciar obra nueva, dibujan un panorama negro para la Administración de Justicia en nuestra provincia, máxime si tenemos en cuanta que en los últimos cuatro años la única inversión que se ha realizado es la reforma de los juzgados de Algeciras y hace seis años que no se construye ninguna sede judicial nueva.

 

Un ejemplo de los cambios de criterio del Gobierno andaluz en esta materia es la Ciudad de la Justicia de Cádiz, el único de los diez proyectos pendientes que estaba en previsión de adjudicar y al que se han dado diez fechas distintas en diez años para el inicio de su construcción.

 

Desde el PP denuncia que el mal estado y la falta de infraestructuras judiciales adecuadas es uno de los principales problemas que arrastra la Administración de Justicia en la provincia y la construcción de nuevas sedes es una demanda tanto de los gaditanos como de todos los profesionales del Derecho.

Por ello, el PP insta al Gobierno bipartito PSOE-IU a elaborar un mapa de prioridades con el objetivo de detectar las necesidades esenciales en materia de infraestructuras en la provincia; establecer un calendario fiable de plazos para la construcción de las sedes judiciales pendientes; e incluir una partida en los Presupuestos autonómicos de 2013 para la adjudicación e inicio de las obras previstas.