APUNTES DE HISTORIA (DCXXVIII)
Manuel Jesús Parodi.-De nuevo en torno a la divulgación histórica y patrimonial
Una sociedad verdaderamente libre y crítica necesita algo más que información: necesita herramientas culturales que permitan a la ciudadanía comprender su pasado, interpretar su presente y participar de forma consciente y activa en la construcción de su futuro. Facilitar el acceso al conocimiento no es sólo una mera aspiración cultural, sino una condición verdaderamente indispensable para fortalecer una ciudadanía mejor informada, más participativa y por ello, y en definitiva, más libre.
Esta convicción ha guiado nuestro trabajo durante más de treinta años; treinta años ya (desde el ya lejano mes de febrero de 1996, cuando publicamos nuestro primer artículo divulgativo en un medio de prensa escrita) dedicados sin pausa ni interrupción a la divulgación histórica y patrimonial. A través de publicaciones, medios audiovisuales, prensa escrita y, más recientemente, plataformas digitales, hemos defendido siempre que acercar la Historia y el Patrimonio al conjunto de la sociedad constituye una tarea esencial, y hemos predicado con el ejemplo, si se nos permite decirlo así.
La divulgación del conocimiento histórico y cultural desempeña un papel fundamental en ese objetivo. Compartir el conocimiento de manera abierta y accesible no sólo enriquece a la sociedad, sino que contribuye a formar ciudadanos con mayor capacidad crítica. En este sentido, la difusión del conocimiento debe entenderse tanto como una responsabilidad de las administraciones públicas como un derecho de la propia ciudadanía, algo en lo que insistimos siempre.
El conocimiento constituye uno de los principales pilares del patrimonio colectivo de cualquier sociedad. Por ello, su conservación, estudio y difusión deben ser objetivos compartidos entre las instituciones y la propia ciudadanía. Cuanto mayor sea el acceso al conocimiento (y su difusión), mayor será también la capacidad de una sociedad para comprender su identidad (y con ello a sí misma), para proteger su legado y para afrontar con criterio (y con bases sólidas) los desafíos del futuro.
Las administraciones públicas desempeñan un papel esencial en esta labor. Promover el conocimiento de la Historia y del Patrimonio Cultural significa favorecer la socialización del conocimiento y reforzar aquellos valores que conforman la identidad colectiva. El patrimonio histórico no representa únicamente (ni debe ser entendido sólo como) un conjunto de monumentos o bienes materiales determinados; constituye también una memoria compartida (de la cual guarda las claves) que ayuda a comprender quiénes somos (como sociedad) y cómo hemos llegado hasta el presente.
Para alcanzar estos objetivos resulta imprescindible la cooperación entre instituciones. La colaboración entre administraciones de distintos niveles permite desarrollar programas culturales y divulgativos más sólidos, con capacidad para llegar a un público más amplio mediante actividades permanentes o iniciativas específicas adaptadas a distintos momentos del año.
Del mismo modo, la planificación cultural a largo plazo resulta fundamental. La divulgación no puede depender únicamente de acciones puntuales ni de programas aislados, sino que debe formar parte de una estrategia estable y sostenida que combine recursos, coordinación institucional y proyectos educativos orientados a fomentar el conocimiento y el respeto por el patrimonio.
Sin embargo, la divulgación representa solo uno de los cuatro grandes pilares sobre los que debe apoyarse una adecuada gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. Antes incluso de difundir el patrimonio es necesario garantizar su protección, su conservación y su investigación, sin todo lo cual no estaremos hablando de nada sólido.
La protección constituye el primer paso, el primer eslabón de esta cadena. Para que el patrimonio pueda preservarse es imprescindible contar con un marco normativo adecuado y con administraciones locales dotadas de recursos suficientes, tanto económicos como humanos. No basta con asignar presupuestos si no existen estructuras técnicas y profesionales capaces de gestionar eficazmente (y de manera estable) esos recursos. La experiencia demuestra que las inversiones sin planificación ni personal especializado producen resultados limitados y rara vez generan beneficios duraderos para la ciudad y sus habitantes: los esfuerzos aislados, aunque loables, no generan estructura.
La conservación representa muy probablemente el ámbito donde las administraciones locales pueden desarrollar una labor más decisiva. Aunque buena parte de la protección depende de leyes de ámbito autonómico o estatal, son los ayuntamientos quienes tienen una mayor capacidad para actuar directamente sobre el patrimonio de su municipio mediante programas de mantenimiento, restauración y seguimiento continuado, amén de mediante la generación de normativas (trámite las ordenanzas municipales, por ejemplo) que contribuyan a la conservación del patrimonio (con bonificaciones fiscales, pongamos por caso, que redunden en beneficio de quienes conserven elementos patrimoniales privados de su propiedad).
El tercer pilar es la investigación. Conocer mejor la historia y el patrimonio de una localidad permite descubrir nuevos aspectos de su pasado y ampliar el conocimiento disponible para toda la sociedad. Muchos municipios andaluces desarrollan ya proyectos de investigación de manera estable, con o sin la cooperación del ámbito universitario), especialmente en campos como la arqueología, contribuyendo así a enriquecer el patrimonio científico y cultural de sus territorios y contribuyendo a sensibilizar a las poblaciones locales fomentando el sentimiento de pertenencia y la vinculación emocional entre la ciudadanía y el patrimonio de la comunidad.
Finalmente, la divulgación completa este proceso, redondeándolo. Investigar carece de sentido si los resultados permanecen únicamente en el ámbito académico. El conocimiento debe regresar a la sociedad en forma de publicaciones, conferencias, actividades educativas, exposiciones, visitas guiadas o recursos digitales (entre otros mecanismos posibles) que permitan a cualquier ciudadano acceder a los avances alcanzados.
Tan solamente cuando protección, conservación, investigación y divulgación trabajan de manera coordinada puede hablarse de una auténtica política de gestión patrimonial. En ese modelo, el patrimonio deja de ser un conjunto de bienes que simplemente se preservan (de mejor o peor manera) para convertirse en un recurso vivo, capaz de fortalecer la identidad colectiva, estimular el conocimiento y contribuir a la formación de una sociedad más crítica, más participativa y más consciente del valor de su propia herencia cultural.
Únicamente de este modo, trabajando en dichas cuatro líneas, podremos salir del bache en el que nos encontramos. Ello requiere compromiso por parte de los gestores locales y exigencia por parte de la ciudadanía.
