¿DÓNDE ESTÁ ESE GOBIERNO ABIERTO DEL QUE USTED HABLABA?
Fernando Cabral.-En los últimos años, el término “Gobierno Abierto” se ha convertido en una palabra casi obligatoria en los discursos políticos. Se menciona en planes institucionales, en conferencias internacionales y en documentos oficiales. Transparencia, participación, rendición de cuentas… todo suena bien. Pero cuando el ciudadano intenta comprobarlo en la práctica, la pregunta aparece inevitablemente: ¿dónde está ese Gobierno Abierto del que usted hablaba?
Sobre el papel, el concepto es claro. Un Gobierno Abierto debería permitir que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones, cómo se gasta el dinero público y cómo pueden influir en las políticas que afectan a sus vidas. En teoría, el poder público se abre a la sociedad. En la práctica, muchas veces solo se abre una página web.
Las administraciones han aprendido rápido una lección: publicar información no siempre significa ser transparente. Se crean portales llenos de documentos técnicos, bases de datos incomprensibles y archivos interminables que, aunque formalmente son públicos, resultan prácticamente inaccesibles para el ciudadano común. Es una transparencia que, en el mejor de los casos, cumple con el expediente, pero que rara vez facilita el control real de la gestión pública.
La participación ciudadana es probablemente el ámbito donde esta tensión se hace más evidente. Cuando la participación se limita a gestos que no van más allá de las mesas camillas, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio simbólico y propagandístico. Los ciudadanos pueden opinar, pero las decisiones ya están tomadas. En ese contexto, la participación puede terminar generando frustración en lugar de fortalecer la confianza en las instituciones.
La desconfianza hacia la política, presente en muchas democracias contemporáneas, no se resuelve únicamente con nuevas plataformas digitales o con campañas institucionales sobre transparencia. Se necesita algo más profundo: una relación más horizontal entre gobernantes y ciudadanos.
El problema, en el fondo, no es tecnológico ni administrativo. Es político. Un Gobierno verdaderamente abierto implica aceptar el control público, tolerar la crítica constante y compartir poder con la ciudadanía. Y eso, naturalmente, incomoda a la clase política gobernante.
El Gobierno Abierto, si se aplica plenamente, implica aceptar un nivel mucho mayor de escrutinio público. Significa publicar información que puede resultar incómoda, explicar decisiones impopulares y permitir que la sociedad participe en debates que tradicionalmente se resolvían dentro de las instituciones. No es solo una cuestión administrativa; es una cuestión de poder.
El desafío actual no consiste solo en crear nuevas plataformas o aprobar más documentos estratégicos. El verdadero reto es garantizar que la información pública sea comprensible, que la participación tenga efectos reales y que las instituciones acepten el control constante de la ciudadanía.
El riesgo es que el concepto de Gobierno Abierto termine vaciándose de contenido. Cuando una idea se repite constantemente en discursos oficiales sin reflejarse plenamente en la realidad, puede convertirse en un simple eslogan político.
Por eso, mientras la transparencia siga siendo más estética que real, la participación más simbólica que efectiva y la rendición de cuentas se circunscriba tan solo a los procesos electorales, el “Gobierno Abierto” seguirá siendo un eslogan atractivo, pero incompleto. Un eslogan tan vacío de contenido como ese otro eslogan emocional tan alejado de la realidad como cercano a lo quimérico que se repite hasta la saciedad con la vana esperanza de que se convierta en realidad.
Y así, entre promesas institucionales y realidades limitadas, el ciudadano sigue preguntando —cada vez con más escepticismo—: ¿dónde está ese Gobierno Abierto del que usted hablaba?