En la mañana de ayer Aula Gerión recogió firmas en contra del proyecto municipal de la Plaza de Abastos, con la tutela policial, una gran pancarta sobre sus cabezas colgada en balcón público de los comerciantes de la Plaza , el reparto de dícticos con un SI junto a las mismas mesas de recogida de firmas y el apoyo testimonial de algunos militantes de IU y PA, junto a la FFVV y Ecologistas en Acción.

El Ayuntamiento de nuestra ciudad tiene la legitimidad necesaria ganada en las urnas para defender ese proyecto, mientras que los ciudadanos tienen el derecho de cuestionar sus decisiones cuando crean que éstas puedan ir en contra de los intereses de la ciudad, o apoyarlas, como es el caso de los comerciantes de la Plaza de abastos, aunque éstos  con el reparto de octavillas en medio de cientos de personas  han demostrado poco tacto, orillando la provocación, pero afortunadamente se han topado con  un alto grado de civismo por parte de los convocantes de la concentración.

El mensaje interesado y torpemente manipulado, afirmando que se pueden perder 500 puestos de trabajos, es tan disparatado que la falacia roza los límites de la decencia, porque ninguna de las antagónicas posiciones en este desencuentro entre la administración local y los ciudadanos entorno a Aula Gerión, conlleva la supresión o desaparición de esos puestos de trabajo. Y con la que está cayendo, se está echando a los leones a todos los ciudadanos disidentes con un proyecto de ciudad como éste.

Si esos son los argumentos que utilizan los comerciantes para defender sus intereses, entonces son ellos realmente los que no han leído ni el proyecto ni las propuestas del Aula Gerión, que nada tiene que ver con la desaparición o no de sus puestos de trabajo. Además, la defensa del progreso y el futuro de Sanlúcar no es patrimonio de nadie, solo los caminos para llegar a él.

Es, también,  realmente sonrojante que a estas alturas, un grupo de ciudadanos con dos mesas para recoger firmas de otros ciudadanos, tenga que estar vigilado y tutelado por la policía, y que se vean obligados a abandonar la vía pública, a requerimiento de la autoridad policial, cuando claramente no son un obstáculo para los peatones. Mientras, en las inmediaciones, justo en la Calle Amargura y, en estos días de fiesta, se tenga gran dificultad en atravesarla por el impedimento de las sillas y mesas que ilegalmente, por exceder su número” se esparraman a lo largo y ancho de dicha calle, y cuando en otras calles aledañas a la Plaza del Cabildo el sinfín de vendedores ambulantes clandestinos atora el trasiego de personas en hora punta, sin mencionar la misma Plaza del Cabildo con el indeterminado número de mesas y sillas que igualmente se ubican saltándose a la torera las ordenanzas municipales.

Si no es así, cabría preguntarse que ha sido de la libertad de expresión en un país de libertades, porque mientras a aquellos que defienden los proyectos cercanos al gobierno municipal se les autoriza engalanar con sus pancartas  los balcones de edificios públicos, como la biblioteca municipal,  por no hablar de otras instituciones particulares y cofrades en general, que con patente de corso adornan nuestra ciudad por doquier con su propaganda proselitista, otros tienen serias dificultades para expresarse en público o recabar apoyo de sus vecinos.

Si la legalidad obliga a estos ciudadanos a requerir el necesario permiso gubernativo para recoger firmas  en la vía pública que avalen sus propuestas, sería muy sano, democráticamente hablando, que se le exigiera entonces a todo el mundo, porque de lo contrario estaremos siempre con el derecho a dudar de las reales pretensiones de algunas decisiones incompatibles con el sentido común.