Periodistas y profesionales de los medios de todo el mundo nos reunimos cada 3 de mayo para defender uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía: la libertad de prensa. 

Un derecho (el de comunicar y recibir información veraz) por el que todavía hoy, o quizá hoy más que nunca, periodistas de todos los países incluido España han perdido la vida, han sufrido atentados, agresiones, amenazas, vejaciones, insultos, coacciones y todo tipo de ataques hacia su integridad profesional e independencia. 

Quieren destruirnos y amedrentarnos porque nuestra misión es contribuir a construir una sociedad más informada, formada, participativa y libre para tomar sus propias decisiones.

Hoy, 3 de mayo, Día Mundial de Libertad de Prensa, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en la provincia de Cádiz queremos expresar nuestro apoyo a quienes, a pesar de todas las dificultades, siguen garantizando con su trabajo diario el derecho a la información.

La precariedad laboral, la inestabilidad, el intrusismo profesional, así como las injerencias políticas y económicas externas, son algunas de las principales trabas históricas a las que se enfrentan quienes ejercemos el periodismo. 

A estas se unen los nuevos desafíos tecnológicos, como la Inteligencia Artificial, cuyo impacto en el periodismo es ya innegable y del que se hablará este año en Bruselas, durante la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa organizada por la Unesco y que esperamos acoger pronto gracias a la candidatura española que estamos promoviendo desde el Colegio de Periodistas de Andalucía.

Reclamamos que se apruebe nuestro Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas; que se profesionalicen los gabinetes de prensa de las administraciones públicas mediante convocatorias de empleo; que las titulaciones universitarias en Periodismo y Comunicación Audiovisual sean requisito incondicional para el ejercicio de la profesión; que se respeten los derechos laborales de los profesionales de los medios; que no se financien con fondos públicos empresas mediáticas sin respeto a los valores constitucionales y la ética periodística; que se tomen medidas contra quienes promueven la desinformación e impulsan campañas de acoso contra periodistas.