Plataforma de las Corralas de Sanlúcar

hemos constituido la Plataforma de las Corralas de Sanlúcar.
Esta plataforma incluye las corralas que hay hasta el momento, y está abierta a las futuras.

Y comunicamos al pueblo de Sanlúcar y a todos los interesados que:
luchamos por el derecho a la vivienda digna, como es recogido en la Constitución española del 78 y en los tratados internacionales suscritos por España. 
Y luchamos porque ese derecho sea una realización efectiva para todos. Más en la situación actual donde los edificios de viviendas nuevas permanecen vacíos durante años, y el desahucio de las familias de sus hogares podría ser calificado como una suerte de endemia, si no supiéramos demasiado bien que son la consecuencia inevitable y fatal de la combinación de la estafa bancaria y la precarización del empleo.

¿A dónde van todas esas familias desahuciadas, ya fuere por impago de hipoteca o  alquiler? ¿Y los jovenes que no pueden tener acceso a ella? ¿Y los que viven hacinados? ¿Y quienes viven en coches?: a la calle o a infraviviendas, y a sus secuelas de miseria, enfermedad y, a la postre, muerte temprana.
Estamos viviendo una emergencia habitacional rodeados de más de 1 millón de viviendas vacías en propiedad de la banca.

Desde el 2008 no se construyen viviendas sociales en Sanlúcar, y casi en todo el Estado español, maniobra precisa para favorecer la especulación del ladrillo y forzar a los trabajadores a endeudarse por esta necesidad básica. ¿Pero qué fueron de los impuestos que pagamos y que debieron ser destinados a ello? Sepan ustedes que están en las arcas de la banca alemana; en las cuentas ocultas de los paraísos fiscales; invertidos en activos tóxicos de Estados Unidos; en ocultar, disimular, blanquear, y hacer pasar por elegante la corrupción putrefacta de Blesa o Rodrigo Rato, por poner sólo dos ejemplos, de tantos que abundan porque al sistema económico y político se les hace una necesidad estructural.

Una explicación de sencillez pasmosa: la relación es inversamente proporcional: cuanto más trabajamos y más impuestos pagamos, menos cobramos, más crece la deuda y a menos servicios tenemos derecho.
En el siguiente escalón descendente, donde cada vez hay instalada más personas, pasamos a la lógica implacable: el paro sin prestación implica la exclusión social y la desesperación.

Ante esto las preguntas por la legalidad del acto de ocupar son baladíes y risibles, y se hace indispensable acudir a reclamar la función social de la propiedad, como es de justicia. 
El derecho fundamental a la vivienda debe estar siempre por encima del derecho de un banco a tener viviendas vacías en régimen de propiedad privada.

A la vez reclamamos los servicios esenciales que van unidos a la adecuada habitabilidad de una vivienda: agua corriente potable, fluido eléctrico y servicio de saneamiento.

Reclamos por último, aunque no menos, la gestión del dinero público que fuere destinado a la construcción de viviendas sociales. Hasta ahora el destino predilecto de ese dinero ha sido favorecer los negocios de los amigotes, idea compulsiva y obsesiva de los ineptos políticos y administradores públicos elegidos a dedo.

Plataforma de las Corralas de Sanlúcar.