Ecologistas en Acción advierte que la aprobación de esta amnistía podría provocar graves consecuencias en todo el país. En primer lugar tendría lugar un efecto llamada, ya que los ciudadanos percibirían nítidamente que se premia al infractor, que nunca se derriba nada y que se todo se termina por legalizar. Esta amnistía nunca sería una “ley de punto final”, pues se crea un precedente jurídico imposible de soslayar: cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora, tendrá la garantía de que podrá ser legalizada. El Gobierno renuncia así a los principios de protección del suelo no urbanizable y se alinea directamente con los principios de la derecha más dura de los tiempos de Aznar del “todo urbanizable”.

Las cautelas previstas -que solo se legalizarían las viviendas de terceros de buena fe-, son inaplicables, pues abre las puertas a un fraude gigantesco al poderse vender cualquier vivienda expedientada a testaferros “de buena fe”; además, a falta de instrumentos legales y materiales del Gobierno para inspeccionar todo este complejo proceso, serían los ayuntamientos los encargados de hacerlo, los mismo ayuntamientos que han promovido este urbanismo salvaje. Este plan supondría consolidar cientos de miles de viviendas construidas en zonas no urbanizables, la mayoría de segunda residencia en parajes de alto valor ecológico por las sierras y el litoral de todo el país. En algunas zonas donde se ha iniciado este proceso de “legalización” generalizada, como en Andalucía, se han generado enormes conflictos al negarse los propietarios de las viviendas ilegales a asumir los costes de urbanización, infraestructuras, cesiones para equipamientos y zonas verdes… pretendiendo que se ejecuten con dinero público

Ecologistas en Acción entiende que es urgente dimensionar el urbanismo a las necesidades reales para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Cuando existen a nivel estatal más de 700.000 viviendas vacías, cuando buena parte del parque de viviendas –sobre todo en los centros de las ciudades- está en mal estado, es hora de apostar por la rehabilitación y mejora de las ciudades existentes, en vez de seguir alimentado burbujas inmobiliarias, intentando ahora poner en valor y en el mercado a estas cientos de miles de viviendas construidas al margen del planeamiento.

No es casualidad que se anuncie esta amnistía cuando arrecian las dificultades y disminuye el crédito ciudadano del actual gobierno. Se demuestra, como ya ha sucedido en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso. El Gobierno lanza la consigna: “Urbanizar ilegalmente es un buen negocio”.