Valoración Pleno
Aprobada por unanimidad la cesión de la Casa de maternidad para el Conservatorio de Música.-CIS presentó una moción rechazando el “tasazo de Gallardón” por crear un sistema judicial para “ricos que puedan pagárselo”.-Esta mañana, Elena Sumariva, ha comparecido ante los medios de comunicación para realizar una valoración de los puntos más destacados del pleno ordinario del mes de noviembre que tuvo lugar en la tarde de ayer.
Elena Sumariva, miembro de Ciudadanos Independientes de Sanlúcar y Delegada municipal de Educación, mostró su gran satisfacción por la culminación tanto la rehabilitación como el expediente de cesión a la Consejería de Educación del edificio de la Casa de Maternidad para albergar el Conservatorio de Música.
“Contamos desde el año 1989, con un Conservatorio Elemental de Música cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía. El edificio data de 1717 y por ello, podréis entender que no se adapta actualmente a sus necesidades. Hoy en día hay más de 180 alumnos matriculados y la demanda cada vez va más en aumento” explicó Sumariva.
Cumpliendo con la promesa electoral de CIS y con el acuerdo del equipo de gobierno se ha potenciado y priorizado dotar a los estudios musicales en Sanlúcar que tienen una gran demanda y tradición de un edificio que ha contado con una inversión municipal de más de dos millones de euros para un conservatorio moderno de 1.295 metros cuadrados con unas instalaciones inmejorables que serán de las mejores de la Junta de Andalucía.
Sumariva manifestó “con esta cesión que se aprobó en el día de ayer culminamos una demanda histórica de padres y alumnos que han pasado durante todos estos años por el conservatorio y los que actualmente están y los futuros que vendrán podrán disfrutar sin duda de un gran edificio acorde a las necesidades para este tipo de enseñanzas”.
El paso siguiente será el traslado que tiene que acometer la Consejería de Educación, que está previsto para este mes de diciembre para que puedan comenzar las clases del segundo trimestre en esta ubicación.
En otro orden de cosas, Sumariva quiso hacer mención también a una moción presentada por CIS por vía de urgencia referente a la aprobación el 21 de noviembre de la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, el famoso “tasazo de Gallardón”.
Este nuevo sistema de tasas grava a todos los ciudadanos, además de las empresas que ya lo pagaban, a la hora de litigar o presentar demandas o recursos al juzgado que deberán pagar una cantidad económica excepto los beneficiarios de la justicia gratuita. Además se aplicaban a las jurisdicciones civil y contencioso administrativa, pero con esta nueva regulación se amplía a la jurisdicción social.
Los abogados y procuradores pertenecientes al partido judicial de Sanlúcar, al que pertenecen también Trebujena y Chipiona, el día 22 de noviembre mostraron su rechazo a esta imposición de tasas y en su defensa CIS presentó la moción a Pleno.
CIS ya rechazó la desaparición de los juzgados de Sanlúcar de Barrameda por la nueva ley de demarcación judicial alejando el acceso a la justicia de todos los ciudadanos.
“Ahora el PP además de querer alejar a los ciudadanos físicamente de los juzgados, nos hacen pagar a todos, con los cual ninguna persona va a poder efectivamente ejercer su derecho a la justicia. Se amparan para justificarlo en la lentitud de la justicia que en España tarda una media según dijo el propio ministro de ocho a diez años” declaró Sumariva.
Pero en vez de resolver los problemas de lentitud judicial por ejemplo con varias medidas que se pueden proponer: con una organización territorial mejor sin centralizaciones de los juzgados y dotándolos de personal suficiente, incluso mejorando el arbitraje para conciliar a las partes antes de llegar a los juzgados, ampliando en la medida de lo posible el ámbito competencial de los juicios rápidos etc. Que podrían debatirse y llegar a acuerdos, la solución del PP como ya nos tienen acostumbrados es poner tantos obstáculos y trabas y ponérselo al ciudadano tan difícil para convencerlo de no presentar ninguna demanda o recurso y así restarle su derecho fundamental.
Así las cosas, un ciudadano que tenga un litigio por una herencia, a la hora de presentar la demanda tendrá que pagar 300 euros para iniciar el procedimiento, más una tasa variable, dependiendo de la cantidad reclamada. Ello significa además, que acciones que el ciudadano podía emprender sin el coste de un abogado y procurador, a partir de ahora le supondrá un coste mínimo de 150€ más un 0,5% en función de la cuantía procesal, con independencia de que se gane o se pierda el pleito. Otro ejemplo surrealista, el ya famoso del recurso ante una multa de 100 euros de tráfico supone abonar 200 euros en tasas.
Toda tasa que es disuasoria del ejercicio de un derecho, el Tribunal Constitucional va a considerarla inconstitucional, ya que existen varias sentencias que lo manifiestan en casos de empresas.
En definitiva, divorcios, herencias, negligencias medicas, o cualquier otro contencioso civil, social o administrativo, supondrá un gran gasto adicional para el ciudadano de a pie además de pagar al abogado y procurador, a la hora de presentar una demanda, endureciéndose así, el acceso a la Justicia, que además de ser un derecho fundamental reconocido por el art. 24 de la Constitución, es un auténtico derecho universal reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Estado de derecho que nos brindaba la Constitución el Estado de Bienestar, el PP lo está recortando de manera salvaje poco a poco y desde todos los frentes y aspectos esenciales de las personas, educación, sanidad, y ahora la justicia.
La situación actual dramática de la sociedad española no puede aguantar más presión fiscal por medio de impuestos y tasas. Debemos aunque sea difícil buscar otro tipo de soluciones políticas y no siempre machacar a los mismos.
Ciudadanos Independientes apoya a los colectivos de la Administración de Justicia que se están manifestando en contra de la imposición de tasas y rechaza totalmente este sistema de Justicia que el Partido Popular pone en vigor “sólo para quien pueda pagárselo”, una medida que además de ser inconstitucional, tal como han declarado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, va en contra de los intereses y el bienestar de los ciudadanos.