Que paguen por la gestión de la Mancomunidad
CIS pide que los responsables paguen por la gestión de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir
La gestión de todos los grupos políticos bajo la presidencia del PSOE en la mancomunidad deja un agujero de más de 42 millones a once ayuntamientos
La abstención de CIS no ratifica la desastrosa gestión de la MMBG durante 30 años pero tampoco obstaculiza que los proveedores y los trabajadores puedan cobrar su trabajo y ejercer su derecho
En la tarde de ayer tuvo lugar el Pleno de disolución de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir (MMBG), al que asistieron el secretario general de CIS, Juan Marín, y Elena Sumariva como consejeros de su grupo.
Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, el único grupo representado en el Pleno que no ha formado parte ni de la Comisión de Gobierno ni de ningún órgano de toma de decisiones en la entidad, lamenta que tras el desastre económico y financiero provocado por la nefasta gestión llevada a cabo durante 30 años, ahora nadie quiere asumir su responsabilidad, cuando tenemos que recordar que el PSOE ha sido el grupo máximo responsable con la colaboración de IU, el PA, e incluso el propio PP.
Manuel Cárdenas, ex alcalde de Trebujena hasta hace apenas un año, hoy secretario provincial de IU y delegado territorial de la Junta, ha pertenecido al Consejo de Gobierno de la mancomunidad durante los últimos 17 años, o el propio PP de Sanlúcar, en el período 2003-2007, asumiendo la vicepresidencia económica de la MMBG, junto a Antonio Maestre, alcalde de Los Palacios del PSOE que en su período de gestión duplicó el remanente negativo de tesorería de la mancomunidad.
Tras la entada en el gobierno municipal de Ciudadanos, Juan Marín solicitó a su socia de gobierno y entonces alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, que se llevara a cabo una auditoría en la MMBG, que puso de manifiesto que en 2008, solo con entidades financieras había una deuda contraída superior a los nueve millones de euros, por lo que el Ayuntamiento de Sanlúcar tuvo que asumir una operación de factoring de más de 2.400.000 euros.
Una cuestión sorprendente fue descubrir en 2008 que ningún ayuntamiento de los once había hecho frente nunca, en casi 25 años de gestión, al pago de las cuotas correspondientes a su participación en la MMBG, así como a innumerables programas de formación y de políticas activas de empleo que exigían cofinanciación y tampoco habían sido pagadas por ningún ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Sanlúcar, que hasta la fecha había sido gobernado por IU, PSOE, PP, PA y AS, tampoco había cumplido nunca con sus obligaciones de pago con la mancomunidad, hasta que el gobierno PSOE-CIS comenzó a pagar en 2009 todo lo atrasado.
La liquidación aprobada ayer, ha explicado Juan Marín, “fue la misma que propuso él mismo, en representación del Ayuntamiento de Sanlúcar, antes de la convocatoria del Pleno de inicio de expediente de disolución y que solo obtuvo el apoyo de los ayuntamientos de Rota y Chipiona”. Ayer se tuvo que aprobar la liquidación que CIS proponía, que reduce en 10 millones la cantidad final y que supone para Sanlúcar tres millones de euros menos.
Sin embargo, destacó Marín, “el Sr. Terán aprobó una liquidación inicial en la que teníamos que pagara tres millones de euros más de los que nos correspondía, para tapar la participación de su grupo político lo antes posible en la gestión de la mancomunidad”.
“A partir de ahora las administraciones públicas tendrán que ayudar a sufragar esta desastrosa gestión. El Gobierno central, la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales de Cádiz y Sevilla deberán ayudar a los once municipios a no llegar al crack económico que pone en riesgo a más de 4.500 empleos público de estos once ayuntamientos”, declaró Elena Sumariva.
Ciudadanos no llega a entender por qué durante tantos años las administraciones competentes, entre ellas, la propia Junta de Andalucía y la Cámara de Cuentas, no han fiscalizado la situación económica y financiera de esta entidad supramunicipal.
“Después de la gestión que se viene realizando desde el gobierno municipal del que CIS forma parte desde 2007, todos los ciudadanos vamos a tener que pagar por la mala gestión política de los grupos que han tenido responsabilidad en esta entidad”, añadió Sumariva.
Según CIS, a partir de ahora se escribe un punto y seguido para hacer frente a los derechos de los trabajadores, proveedores y demás entidades pendientes de cobro y por la vía judicial cuando se resuelvan las denuncias presentadas en Fiscalía.
CIS espera que la Justicia actúe de manera urgente y que los culpables asuman sus responsabilidades ante la sociedad.