Podemos, contra la privatización del agua

Podemos apoya las luchas ciudadanas contra la privatización del agua

Tras 13 días de encierro  la plataforma ciudadana  “Apemsa no se vende” ha presentado en el registro municipal una denuncia por presuntos fraudes en la empresa municipal de aguas Apemsa y en la concesionaria Aqualia. Los hechos abarcan desde las infracciones por vertidos de aguas residuales superando ampliamente los límites legales de contaminación, hasta facturar un 20% de más en relación con el agua realmente tratada.  Este es el último episodio de la lucha ciudadana contra la privatización del agua en el Puerto de Santa María.

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En Sanlúcar, donde la gestión es privada desde 2011 (Aqualia), Ecologistas en Acción ha denunciado al fiscal de medio ambiente también las infracciones por el vertido de aguas residuales y la presunta falsificación de los análisis. Más recientemente las denuncias de Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y asociaciones sociales y vecinales sobre el cobro de tasas injustas e ilegales han  obligado a Aqualia  a devolver tasas cobradas ilegalmente y ya se está gestando la formación de una plataforma vecinal.  El recibo del agua se ha encarecido casi un 30 % en dos años y la mala depuración ha llegado a niveles inadmisibles.  En Jerez, la privatización se llevó a cabo el año pasado (también comparada por Aqualia),   contado con la oposición de una luchadora plataforma ciudadana que ha denunciado la amenaza del corte de agua a familias en situación de pobreza.

 

Podemos  apoya y se solidariza con la luchas ciudadanas por el agua. El agua no puede ser una mercancía, sino un derecho y un patrimonio humano; así lo reconocen,  tanto la Directiva Marco sobre el agua  como la revisión de la Carta de los Derechos Humanos  de la ONU realizada en 2010.  En coherencia con lo anterior, la gestión del agua debe ser pública,  basándose en la sostenibilidad ecológica, el acceso universal, el reparto equitativo de costes,  la eficacia técnica y la participación ciudadana: es esta la Nueva Cultura de la gestión del agua.

 

La privatización  del agua urbana en España (abastecimiento y depuración) crece a pasos agigantados  en los últimos años. Este proceso  se está produciendo en una situación de carencia de información y de ausencia total de participación social. Tres grandes empresas multinacionales: Agbar, Aqualia-FCC y,  más recientemente  Acciona, se reparten la casi totalidad de la gestión privada del agua urbana en España, que afecta a  33 capitales de provincia y unos 1000 municipios; en total unos 30 millones de personas.  Agotado el negocio del ladrillo,  el capital especulativo dirige sus miradas hacia el agua: un negocio perfecto ejercido a escala municipal en régimen de monopolio privado, por periodos de 20-25 años y con escasos controles municipales. 

Casi siempre las privatizaciones se justifican para pagar las deudas municipales. Sin embargo, a medio plazo, la empresa obtiene beneficios subiendo el precio  y son los ciudadanos los que acaban pagando, tanto  las deudas municipales, como los beneficios empresariales. Un estudio de la OCU así lo corrobora, indicando que el precio del agua en España ha subido un 25,5 % en los últimos 5 años.

 

Desde Podemos apoyamos y nos ponemos al servicio de estos movimientos ciudadanos por el derecho a la gestión pública del agua, y subrayamos que  las luchas por el agua representan hoy en España uno de los principales frentes entre el capital especulativo y la ciudadanía. 

 

Círculo de Podemos Sanlúcar