El fraude de Bahía Competitiva

Varios
Sanz pregunta a la Junta si no le parece bastante responsabilidad tener a 5 imputados de la Agencia IDEA en el fraude de Bahía Competitiva
El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, ha preguntado a la Junta de Andalucía si no le parece bastante responsabilidad tener cinco imputados vinculadas a la Agencia IDEA en el fraude del Bahía Competitiva.

El dirigente popular hace referencia a la comparencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ayer en el Parlamento andaluz, lamentando que no se ha enterado de dónde está y reprochando que diga que la Junta no tiene responsabilidad.

 
Sanz afirma que la Junta está obligada a aceptar la comisión de investigación porque, por ahora, para empezar tiene a cinco personas imputadas vinculadas a la Junta y lo que está en juego es el presunto robo de 23 millones de euros que debía destinarse a empleo que, a través de comisión tripartita (Ministerio de Industria, Junta y Diputación), se decidía el destino de los fondos.
 
En este sentido, recuerda que la Junta coparticipaba en la decisión del destino de los fondos y entiende que, si se ha producido un robo, existen responsabilidades políticas y seguramente jurídicas.
 
Sanz incide en que no está en cuestión si la Junta concedió o no ayudas a Ouviña, sino que lo que se está investigando es el fraude en subvenciones y el desastre en la gestión del Plan Bahía Competitiva, donde se estableció un criterio de reparto presuntamente manipulado y fraudulento en el que se hacían destino de fondos por criterios partidistas y sectarios, donde se modificaban las puntuaciones; ahí participaba la Junta y a las pruebas me remito, en referencia a los email existentes.
 
Así, recuerda que hay cinco personas vinculadas a la Agencia IDEA y al Plan Bahía Competitiva, tales como Antonio Perales, Rosa Rodríguez, Rosa Mellado, Gema Herrero y Ofelia Perales, a las que se les imputa presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y falsedad documental.
 
Por ello, entiende que la Junta tiene que asumir responsabilidades y fundamentalmente aceptar la comisión de investigación solicitada por el PP, que será debatida en el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz.
 
El también parlamentario andaluz pide a PSOE e IU que acepten la creación de la comisión de investigación por respeto a los parados y considerando que tienen la obligación ética y política de llegar hasta el final de la investigación.
 
Asimismo, reclama a Susana Díaz que, si habla de nueva etapa, la nueva etapa no puede ser ocultar la corrupción; huele demasiado mal para tapar Bahía Competitiva debajo de la alfombra.
 
Desaparición de expedientes de la Agencia IDEA
Antonio Sanz afirma que están ocurriendo cosas que es importante que el PSOE aclare, denunciando la desaparición de algunos expedientes de la Agencia IDEA que tienen que ver con este caso y que ensombrecen la transparencia obligada de la Junta y dificultan la investigación.
 
En este sentido, pide explicaciones de por qué no aparecen los cuatro primeros expedientes de la Agencia IDEA que dieron lugar a las primeras investigaciones en torno al caso y que vinculan a una entidad financiera, que terminó provocando el despido de un responsable de dicha entidad a raíz de una auditoria interna que conllevó la posterior denuncia de la Agencia IDEA.
 
Afirma que en todo el procedimiento se habla de irregularidades en torno a ocho certificados, pero no se habla de los cuatro primeros; el problema no es que no se hable de ellos, sino que parece que no están, por lo que pide explicaciones a la Agencia IDEA y que ponga a disposición de la justicia y del Parlamento de Andalucia los cuatro expedientes que dieron origen a este caso.
 
Según explica, estamos hablando del origen del caso en diciembre de 2010, donde una auditoria interna de una entidad financiera descubre irregularidades en esos certificados y, por tanto, no es la Agencia IDEA la que denuncia, sino que quien alertó fue la entidad financiera.
 
Sanz insiste en que el problema es la desaparición de esos cuatro expedientes que dificultan la investigación y ensombrecen la necesaria transparencia en este asunto, por lo que considera que la comisión de investigación está más que justificada y que PSOE e IU no deberían negarse a su creación.
 

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