Cuestión de justicia
La Plataforma del Vado pide a la alcaldesa que estudie el caso de otros ciudadanos
Juan José Suárez: “Creemos que es una cuestión de justicia”. El Secretario Local del Partido Andalucista y el Portavoz de Economía y Hacienda, Antonio Prats y Juan José Suárez, se reunieron en la mañana de hoy con los representantes de la Plataforma del Vado para hablar sobre la sentencia que el Juzgado de Cádiz ha resuelto a favor de un ciudadano de Sanlúcar al ser ilegal el cobro por parte del Ayuntamiento.
En este sentido, José Diego Salas, uno de los representantes de la Plataforma del Vado, explicó que esta ilegalidad no sólo se ha cometido con un ciudadano, al que la Justicia le ha dado la razón, sino que hay cientos de afectados a los que el Ayuntamiento debería de atender para que no se produzca una masiva llegada de recursos de los ciudadanos, por lo cual, también comentó, el equipo de gobierno debería de atender la multitud de solicitudes de reunión que esta Plataforma ha pedido al Consistorio Sanluqueño.
También ha querido recordar Salas, que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, ha llevado a cabo una inspección a este ciudadano, y que si se interponen más recursos, estos podrían ser favorables a otros ciudadanos, caso por el cual, el Ayuntamiento debería de pagar a los mismos.
En esta línea, ha querido leer Salas unas líneas del expediente “y este es el fin y objetivo que se ha perseguido en el supuesto que nos ocupa, pero utilizando un procedimiento de comprobación limitada, que ni es el adecuado para ello ni permite, dentro de sus límites legalmente establecidos, esa actuación de investigación llevada a cabo por la Administración. (….) En definitiva, es una labor de inspección, de investigación, la que permite a la Administración tener conocimiento del supuesto de hecho que se determina el nacimiento de una obligación tributaria, que antes ignoraba, por lo que en ningún caso debió incoar y tramitar un procedimiento de comprobación limitada, previsto para supuestos distintos casos de comprobación en el artículo 136 LGT, que no tienen encaje en el supuesto objetivo de actos. No se ha seguido el procedimiento legalmente previsto por lo que la actuación impugnada incurre en nulidad de pleno derecho ex artículo 62.1 e) de la Ley 30/92”.
De la misma forma, otro de los representantes de la Plataforma del Vado, Enrique Guisado, arguyó que el Ayuntamiento debería de pedir perdón a los ciudadanos por la equivocación que han cometido y, de la misma forma, devolver el dinero a aquellos que cumplen los mismos requisitos en sus recursos que el ciudadano al que la Justicia ha dado la razón. En este sentido, explicó Salas que “han ganado los ciudadanos, no el Ayuntamiento”.
Guisado continuó expresando que aunque la sentencia sea individual no quiere decir que no afecte a otros ciudadanos, por lo que la alcaldesa debería de cumplir su palabra y poner una rápida solución a este problema ofreciendo las explicaciones pertinentes a los afectados. De igual manera, comentó, “tenemos este juicio ganado y vamos a llegar hasta el final”.
Por su parte, el Portavoz de Economía y Hacienda del Partido Andalucista, Juan José Suárez Durán, esgrimió que este grupo siempre ha denunciado la ilegalidad del cobro de los vados, al tiempo que expresó que aunque la sentencia sea individual el Ayuntamiento tiene que estar preparado debido a que no hay más sentencias por el hecho de que no ha habido más inspecciones. De igual manera, el andalucista apostilló que aunque sea una sentencia individual, el Ayuntamiento debería de tener la voluntad de reunirse con la Plataforma del Vado y así tratar de forma directa los problemas de la misma índole que afectan a otros ciudadanos de Sanlúcar. En este sentido, argumentó “tienen que reconocer que se han hecho las cosas mal. Es por este motivo, que el Partido Andalucista ha decidido llevar a cabo una moción que estudie en la Comisión Informativa las posibles soluciones a este problema ya que creemos que es una cuestión de justicia”.
Por otro lado, el portavoz del Grupo Andalucista, Antonio Prats, pidió al equipo de gobierno que sea comprensivo con este tema que afecta directamente a un gran número de ciudadanos, y, advirtió que si se produce una llegada masiva de recursos ante el Juzgado y estos fueran favorables para los mismos, se podría provocar en el Consistorio una situación de caos económico a la hora de devolver el dinero de los cobros. Al mismo tiempo, Prats ha querido defender el trabajo que hasta que hasta que existiera un convenio entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Sanlúcar para el cobro de Tasas e Impuestos, la empresa Pública Eressan llevaba a cabo esta labor a la perfección, y que Diputación ha demostrado que no es capaz de hacer las cosas bien.