La resolución de este organismo fiscalizador es clara y reconoce que las responsabilidades de Griñán y Chaves están fuera de toda duda y aún a pesar de las evidencias, el gobierno social –comunista niega la mayor y arremete contra las investigaciones de la Guardia Civil, que en las pesquisas llevadas a cabo ponen de manifiesto que Griñán, en su etapa de titular de Economía (2004-2009), debía conocer el sistema de transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas públicas, que según la benemérita, “beneficiaron a personas vinculadas políticamente o por razones familiares o de amistad”.

Así, la auditoria monográfica sobre los ERES advierte del incumplimiento de la ley por parte de Griñán cuando este era consejero de Economía y Hacienda  a la hora de desviar dinero al “fondo de reptiles”, que sirvió para subvencionar a prejubilados incluidos en el ERE de empresas donde nunca habían trabajado y a empresarios cercanos al PSOE y a la Junta.

Esta auditoría, que fue encargada por el propio Gobierno andaluz en la pasada legislatura a modo de cortafuegos para frenar la onda expansiva que provocó el escándalo de los ERES, se vuelve ahora en contra de quienes la encargaron ya que desmonta la teoría de la Junta y constata que el actual presidente, Griñán, autorizó desvíos del fondo de reptiles que no se ajustan a las normas de la Junta.

El Partido Popular a nivel regional ha venido denunciando este fraude millonario que afecta directamente a la cúpula socialista, aportando abundante documentación sobre este caso, que supone el mayor escándalo político de toda la historia de Andalucía, donde tal y como aseguran los populares, se ha jugado con el dinero de los ciudadanos para beneficiar a amiguetes y afines al PSOE.