Llamada de socorro
Los alcaldes canallas del Bajo Guadalquivir venden la basura y reparten el dinero arbitrariamente
Hilario Hernández.- planta de reciclaje de la Mancomunidad en Utrera colapsó los almacenes de productos del reciclaje. Después dejó de reciclarse y todo se arrojaba al mismo montón, que triplicó lo permitido por la ley. El esfuerzo de todos nosotros por reciclar no sirvió para nada en muchos meses.
La presidenta Fernández ha vendido el producto reciclado almacenado en la planta de Utrera, valorado en cerca demedio millón de euros a las empresas Urbaser y CTC, que lo han llevado a Marchena.
Ese dinero no ha sido destinado al pago de la nómina de todos los trabajadores, a los que nos deben ya 10 meses. Sólo se les ha pagado a algunos, a los que ya sólo le deben tres nóminas, que pagarán la próxima semana. La presidenta Fernández negó a la Alcaldesa de Rota el pago a “sus trabajadores” porque no era legal. Ahora la presidenta Fernández cambia de criterio y el dinero que ha conseguido por vender la basura lo destina a algunos trabajadores en particular y no a todos. Por cierto, ahora la alcaldesa de Lebrija lleva la basura a Alcalá con estas empresas, con un coste 7 veces superior al que antes “pagaba” en la Mancomunidad. En este momento está negociando con estas empresas la venta de la maquinaria de la planta que de Lebrija, que cerró hace unas semanas, por un importe de 90.000 euros.
Pero los alcaldes canallas no tienen límites en su desvergüenza: nuestra situación es extrema después de 10 meses sin cobrar; esperamos con ansiedad el juicio para poder irnos al paro y cobrar el desempleo. Sin embargo los juicios fijados se están posponiendo por “enfermedad” del abogado de la Mancomunidad, pese a que el bufete contratado cuenta con varios abogados. La desfachatez ha llegado hasta punto de posponerse un juicio de un trabajador por este motivo y en ese mismo instante el abogado supuestamente “enfermo” encontrarse trabajando en la Sede de la Mancomunidad.
Nos están empujando a un callejón sin salida. Llevamos casi un año de infierno y los acaldes canallas, con su presidenta al frente, no dan la cara. Ni la justicia, ni el defensor del pueblo, ni las Diputaciones, ni la Junta. Esto no es ya un escrito de denuncia. Es una llamada de socorro.