Los anteriores concesionarios de la grúa, denuncian que el Ayuntamiento les debe  más de 90.000 euros y afirman que existe favoritismo político por servicios prestados a la esposa del actual concesionario del servicio.

En la sede del PA han comparecido hoy el líder andalucista y dos empresarios que tuvieron el servicio de grúa en nuestra ciudad.
En primer lugar, Antonio Prats, ha pedido a la alcaldesa que se abra expediente informativo y que se rescinda el contrato a dicha empresa, Beltrucks S.L de Chiclana,  por expedir a los usuarios facturas ilegales, ya que en dichas facturas no figura la base imponible ni el IVA a la que está sometida.

Añadió el andalucista que el importe de la grúa ha subido un 16% y no un 3% como se dice en la propaganda del equipo de gobierno.

Entre las irregularidades que comete el actual concesionario, está el no disponer del espacio necesario, como era preceptivo en el pliego de condiciones, para depositar los vehículos por lo que se está haciendo en dependencias municipales.

Igualmente insta al equipo de gobierno para que averigüe si dicho concesionario está dado de alta en las tasas municipales y estatales ya que existen claros indicios, no revelados en rueda de prensa,  que así lo confirman.

Resaltó Prats que si bien antes los concesionarios cobraban cuando el ayuntamiento se dignaba a pagar, ahora con la nueva concesión el cobro ha pasado de indirecto a directo. Es decir, es la concesionaria la que cobra a los ciudadanos y la que después paga el 21% de esas facturas al ayuntamiento, que sigue siendo extraño según Prats, porque el otro potencial concesionario que se presentó ofrecía el 25% de dichas facturas.

Con todas estas irregularidades el ayuntamiento de Sanlúcar ha  dado la concesión a una empresa foránea en detrimento de una sanluqueña, dijo Antonio Prats.

Afirmó Prats que los dos anteriores concesionarios tienen serios problemas económicos y han tenido que despedir a sus trabajadores ya que el ayuntamiento no les abona las cantidades que se les adeuda a ambos, por eso pide una nueva licitación del servicio para que se cumpla la ley.

Posteriormente tomó la palabra Manuel Rivas que corroboró todo lo anteriormente denunciado por Prats y acaso se extendió más en algunas de las irregularidades e incumplimientos de contrato de la nueva concesionaria, como es por ejemplo la falta de la PDA en los vehículos para estar en permanente contacto con la jefatura de policía.

“ Sospechamos que la mujer del adjudicatario era de Izquierda Unida y se pasó al PSOE y este es el pago que ahora les hace el PSOE por los servicios prestados” dijo.

Denuncio el Sr. Rivas que hace tres meses que no cobran nada del ayuntamiento e incluso le han negado la fianza de 3010 euros que  dispuso para presentarse a la adjudicación del contrato, porque dicen que se lo han gastado.

En sus declaraciones Manuel Rivas reclamó los 14.000 euros que le adeuda el consistorio más 6000 o 7000 ( se debe de calcular con exactitud la cifra) por el depósito de los vehículos que se encuentra en su propiedad.

De otro lado Juan Cuevas, otro de los afectados, reclama una deuda de al menos 80.000 euros y se mostró apesadumbrado ya que tuvo que dejar el servicio porque el Ayuntamiento no le pagaba, después de haber hecho inversiones por valor de cerca de cien millones de pesetas en su empresa.