El PP reclama al Gobierno de España ayudas para la pesca y la agricultura de Sanlúcar afectada por los temporales
La senadora del PP Carmen Pérez ha registrado una batería de preguntas al Gobierno de España para conocer las medidas que tiene previsto poner en marcha para paliar la grave situación de inactividad forzada que sufre la flota pesquera de Sanlúcar y del Golfo de Cádiz como consecuencia de los temporales registrados desde el inicio de este año, así como la industria agroalimentaria vinculada a la agricultura y la ganadería.
La también portavoz municipal de los populares en Sanlúcar reclama al Ejecutivo valoración del impacto económico y las pérdidas sufridas por la flota artesanal y de arrastre, así como si tiene previsto activar ayudas extraordinarias para compensar la ausencia de ingresos por la imposibilidad de salir a faenar por las inclemencias meteorológicas excepcionales.
En caso de que sea así, Pérez pide que se concreten plazos para su puesta en marcha.
La senadora sugiera que se lleven a cabo exenciones temporales en las cotizaciones a la Seguridad Social para los profesionales del mar y mecanismos para aliviar los costes fijos que soportan las embarcaciones amarradas, como seguros, mantenimiento o compromisos financieros.
En otro bloque de preguntas, Pérez cuestiona al Gobierno sobre las medidas de apoyo a las lonjas pesqueras y las cofradías, y plantea un plan específico de apoyo para proteger el empleo vinculado y para las infraestructuras pesqueras.
La dirigente popular recuerda que el sector ya sufrió en enero la incertidumbre por la entrada en vigor de las nuevas exigencias europeas. A todo ello, se ha sumado el tren de borrascas.
Pérez ha reclamado “compromiso y esfuerzo del Gobierno con una actividad de vital importancia para el presente y el futuro de Sanlúcar, que asiste impotente a las dificultades que se le presentan”.
En cuanto a la agricultura y ganadería, considera necesario habilitar, del mismo modo, ayudas específicas mercados mayoristas, lonjas y canales de distribución de sus productos, garantizar la viabilidad económica de agricultores y ganaderos, las cooperativas agrarias y mercados locales, y compensar económicamente al sector por la caída de precios, pérdidas de contratos o la imposibilidad de cumplir con los compromisos de suministros.