Carmen Álvarez insta a la Junta de Andalucía a investigar los posibles vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir
Los alcaldes de Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena han redactado una propuesta conjunta que se están debatiendo en los respectivos plenos municipales con el objetivo de instar a la Junta de Andalucía a que investigue los posibles vertidos al estuario del río Guadalquivir provocados por la explotación minera Las Cruces de Gerena (Sevilla). En este sentido, la sesión plenaria que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Sanlúcar debatirá esta iniciativa.
La mina de cobre Las Cruces viene vertiendo desde 2008 un máximo anual autorizado por la Junta de Andalucía de 0.9 Hm³ de agua con metales y metaloides potencialmente tóxicos al estuario del Guadalquivir. Estudios científicos de las universidades de Granada, Cádiz y Sevilla dictaminan que este vertido minero ha contaminado los sedimentos del estuario con efectos tóxicos para la fauna acuática y para las explotaciones de arroz del Bajo Guadalquivir.
Sobre este particular, la alcaldesa, Carmen Álvarez, ha manifestado que “las concentraciones de metales en los sedimentos del estuario son elevadas y están relacionadas directamente con la actividad de esa mina”. En este contexto, “llama la atención el desconocimiento sobre los posibles impactos perniciosos que los metales y metaloides retenidos en esos sedimentos estén provocando”, ha añadido la máxima representante municipal.
Además, la Junta, administración competente en este asunto, “no está realizando una vigilancia ambiental diligente, ya que la mina viene contaminando los sedimentos gravemente sin que haya saltado ninguna alarma en el Gobierno andaluz”, ha explicado Carmen Álvarez, quien además advierte que la Junta ha autorizado la apertura de otra mina en Aznalcóllar (Sevilla) que también vertería residuos al Guadalquivir.
Por ello, la propuesta conjunta de los cuatro alcaldes de la Costa Noroeste insta a la Junta a investigar la cantidad de residuos minerales vertidos al estuario, evaluar los posibles impactos socioambientales de los vertidos, exigir una moratoria a nuevas explotaciones y que se informe con transparencia de todas estas actividades.