La integridad física de las personas
Quienes creemos en el Estado para arbitrar y administrar la felicidad de la ciudadanía, pensamos que corresponde al Estado, a través de la DGT, legislar sobre la bicicleta, y no a nosotros: que si el casco, que si la alcoholemia, que si por aquí o por allí, carril o acera o itinerario. El cuento de nunca acabar. A la jurisdicción DGT ‑única en carretera‑ se añade la de ciudades o grandes municipios que se expresan mediante bandos, ordenanzas y policías locales. Y el enfoque es: quien algo quiere algo le cuesta, que es bien poco. Pidamos, aunque un ciclista no los use, los derechos de la bicicleta urbana:
1º) derecho a la libre circulación de la bicicleta, lo que incluye a circular en contramano, según los coches;
2º) derecho a la doble interpretación de los semáforos cebra: lo que está en rojo para el tráfico está en verde para el peatón con ruedas;
3º) derecho a estacionamiento y a garaje en comunidades y bloques de vecindad;
4º) derecho a reparación y mantenimiento: red de talleres;
y 5º) derecho a la propiedad y a no ser robada.
Y poco más. Las asociaciones ciclistas deberían consistir en sociedades de usuarios o consumidores y no creerse cada una el Ministerio de la Bici. A pedalear, a disfrutar y a no discutir si lo haces bien o mal o si yo lo hago mejor que tú. Siempre se han buscado la vida las bicicletas y han sido vistas con indulgencia por peatones y conductores. ¿Han calculado las ciudades el espacio que achican en hora punta las bicicletas que serpean en los atascos? ¿El hueco que dejamos, para que otro lo ocupe, cada vez que nos saltamos (según los coches) un semáforo? Se llama movilidad. Y a pedalear, que son dos días.

