Bandera Negra para la playa urbana de Sanlúcar por los vertidos contaminantes a la playa y al Guadalquivir
Por decimotercer año Ecologistas en Acción concede la calificación de “Bandera Negra” a las playas urbanas de Sanlúcar, entre Bonanza y Las Piletas, por los vertidos contaminantes a la playa y al litoral a través de 8 puntos de vertidos. El ayuntamiento reconoce vertidos masivos de aguas residuales sin depurar durante, al menos, 21 días durante el año 2023, el doble de los realizados el año anterior. Además aparece la amenaza de nuevos vertidos mineros desde la mina de Aznalcóllar al Guadalquivir.
La bandera negra será izada físicamente durante la concentración pública convocada por la Plataforma del Agua de Sanlúcar y Ecologistas en Acción para el sábado 6 de julio a partir de las 10:30 h. en el paseo marítimo al final de la Avda. Calzada Duquesa Isabel. Invitamos a la ciudadanía y a los colectivos sociales y políticos a que se sumen a este acto para mostrar su compromiso con la defensa de nuestro litoral.
Un año más persisten los vertidos de aguas residuales sin depurar: desde la red de alcantarillado directos a la playa, a través de 7 puntos, y desde la depuradora, a la desembocadura del Guadalquivir a través del emisario submarino de las Piletas que vierte a unos 300 m de la orilla y está parcialmente roto en dos puntos.
Vertidos de la depuradora: El ayuntamiento y la empresa concesionaria (Aqualia) reconocen que durante 21 días del año 2023 (el doble que en 2022) se han producido vertidos contaminantes. Los vertidos se han realizado en días con coeficientes de marea iguales o mayores a 90, lo que ha causado la entrada de agua salada a la red de alcantarillado (por 3 aliviaderos), y ha obligado a desviar las aguas residuales a la entrada de la depuradora y a verterlas sin depurar a través del emisario submarino situado a la altura de las Piletas. Estimamos esos vertidos en unos 163.000 m³ (450 metros cúbicos cada día) (en base a los datos del Ayuntamiento).
La solución definitiva a estos vertidos fue señalada por el Ayuntamiento en sus informes de 2016 y 2017: la instalación de dispositivos antirretorno en la entrada de los 3 aliviaderos existentes. Lamentablemente, pasados 8 años, esta medida no ha llegado a realizarse.
Además, el Ayuntamiento y Aqualia reconocen, sin cuantificarlos, otros vertidos a través de la depuradora: “En episodios de lluvia, cuando se sobrepasa la capacidad hidráulica del apretamiento , se produce vertido a través del bypass general (desvío) de la EDAR.”
Por tanto la depuradora tampoco ha tratado parte de las aguas residuales que le llegaban durante los episodios de lluvias (12 episodios en 2023 y 11 durante lo que llevamos de 2024, con lluvias de más de 8,5 litros/m2) y las ha desviado hacia el emisario sin depurarlas, vertiéndolas igualmente a la desembocadura del Guadalquivir.
Vertidos a la playa: cada vez que llueve, aunque sean lluvias moderadas de apenas 8 ó 9 l/m², se producen importantes vertidos de sólidos y aguas residuales sin depurar a la playa, a través de 4 aliviaderos (3 con autorización de vertido y 1 clandestino), por los arroyos urbanos de San Juan y Salto del Grillo y por varios pozos de un colector principal que va por la misma playa (Bonanza-Bajo de Guía); vertidos que incumplen todos los condicionantes legales o, en el caso de los arroyos, carecen de autorización de vertido desde 2012. El último de estos vertidos se acaba de producir cuando escribimos esta nota (28 de junio de 2024).
El proyecto de la nueva depuradora avanza con desesperante lentitud y se prevé que su construcción se demore al menos 4 ó 5 años. En diciembre de 2022 el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a licitación la Redacción del proyecto de nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Sanlúcar y agrupación de vertidos y colectores. Tras un tortuoso procedimiento, finalmente la adjudicación definitiva se aprobó el 13 de julio de 2023 a la empresa Ibervías Ingenieros SL que tiene un año para redactarlo.
La amenaza de nuevos vertidos mineros
En 2023 se aprobó un proyecto de minería metaĺica presentado por la empresa “Cobre Las Cruces”. Dicho proyecto provocará un vertido al Estuario del Guadalquivir de 2,3 millones de m³ por año durante un periodo de 14 años.
Pero las alarmas han saltado con la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar. Este segundo proyecto de la empresa Minera Los Frailes vertería en una fase inicial de 18 meses 12 millones de m³ procedentes de la corta de Aznalcóllar (almacenados tras el desastre minero de 1998) y durante los 17 años del periodo de explotación se verterían 4 millones de m³ cada año. Este vertido se realizaría al Guadalquivir a la altura del Estadio de Cartuja en Sevilla.
Aunque las aguas serían previamente depuradas, seguirían conteniendo ciertas cantidades de metales pesados, sustancias de alta toxicidad. Dos informes científicos de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada recomiendan no realizar nuevos vertidos al Estuario.
La política de gestión municipal del agua basada en la transparencia, la participación ciudadana y el cumplimiento de la ley que esperábamos con el nuevo gobierno municipal no se está cumpliendo. En noviembre de 2023 y en abril de 2024 solicitamos al Ayuntamiento una serie de documentación sobre la gestión del agua y en particular sobre depuración y vertidos. A pesar de que el acceso a la información ambiental es un derecho de la ciudadanía recogido en directivas europeas y en la Ley 27/2006, no hemos recibido la mayor parte de la documentación solicitada. Paradójicamente el documento principal solicitado firmado por el delegado municipal de Infraestructuras lo hemos recibido de la Consejería de Agricultura (ver anexo a esta nota).
Seguimos concediendo un Punto Negro a las playas de La Jara y Montijo por el incumplimiento generalizado de la Ley de Costas: invasión del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y de la servidumbre de paso, y construcción en la Servidumbre de Protección. La Revisión Parcial del PGOU de Chipiona pretende aumentar el suelo urbanizable en el litoral, por ejemplo en la zona de la Grajuela, donde existe una gran amenaza de erosión debido al Cambio Climático.
Los vertidos citados son una grave infracción de las leyes españolas y europeas, provocan un impacto ambiental y social considerable, son un riesgo para la salud pública y suponen un fraude a la ciudadanía ya que pagamos una tasa de depuración por toda el agua consumida, pero un fracción significativa se vierte sin depurar. Por estas razones, hemos hecho una denuncia (centrada en los vertidos debidos a la entrada de agua salada, ya que se éstos son probablemente los de mayor volumen y podrían solucionarse con relativa facilidad) ante el Ministerio de Transición Ecológica, la Consejería de agricultura y el Ayuntamiento. Y vamos a comunicarla la Fiscalía de Cádiz y a las organizaciones de consumidores.