Tribunal estatal
Tribunal estatal
Los sucesivos gobiernos que hemos sufrido han convertido al Estado en una especie de tribunal judicial paralelo, a la que pueden acudir todo tipo de delincuentes para conseguir un indulto parcial o total sobre condenas en firme.
José Antonio Bustamante.- Esta potestad, que data del 18 de junio de 1870, debería ser algo excepcional y puntual, sin embargo vemos día tras día cómo se está convirtiendo peligrosamente en norma para, sobre todo, personas allegadas al gobierno de turno que han encontrado en esta medida de gracia la forma de eludir las responsabilidades penales impuestas por los tribunales de justicia.
Si es cierto, como dije anteriormente, que es algo inherente a todos los gobiernos, los fríos datos demuestran que los del PP han abusado y abusan con especial alegría de esta medida. Aznar ya fue plusmarquista nacional con sus 5.916 indultos, por los 3.226 firmados por Zapatero. También el antiguo ministro de justicia del PP, Ángel Acebes, tiene en su haber el record absoluto de indultos firmados en un solo día (1.443) a finales del año 2.000 alegando el inminente cambio de milenio. Entre ellos se encontraba el juez allegado a su partido, Javier Gómez de Liaño, condenado por un delito continuado de prevaricación.
Lo más incomprensible de este proceso y su resolución es que el ministro de turno no necesita argumentar ni fundamentar absolutamente nada. Basta su magnánima firma para que un contrabandista, un político corrupto a un multimillonario defraudador condenado se convierta por arte de magia en un ciudadano libre, aunque más de 200 jueces firmen un manifiesto en contra de alguno de de esos indultos en concreto, como ocurrió hace tan solo una semana.
Otra forma de impartir justicia a la carta son los “indultos” a través de la amnistía fiscal para los grandes defraudadores de la Hacienda Pública de nuestro país. El ministro Montoro, que estando en la oposición criticó duramente una posible amnistía fiscal planteada por parte del PSOE, se vanagloria ahora de haber conseguido 1.200 millones –menos de la mitad de lo que dijo- aplicando medidas de gracia a esos defraudadores profesionales que en algunos casos han pagado un pírrico 10%, pero que en otros muchos no han pasado del 1%. Esta vez ha sido el Presidente de los Inspectores de Hacienda de España el que ha reconocido públicamente esta amnistía como injusta, al considerarla un agravio comparativo para con los millones de contribuyentes que sí contribuyen de forma religiosa a mantener las arcas públicas. Este señor ha manifestado incluso que debería ser delito que se ayude a cometer fraude fiscal refiriéndose a las asesorías, y yo estoy de acuerdo, pero ampliaría el círculo a aquellos gobernantes que fomenten, justifiquen o premien dicho fraude. Mientras no se haga esto, podremos seguir presumiendo de ser el país de la Comunidad Europea que más billetes de 500 euros amasa: 1 de cada 4 está aquí.
Justicia para ricos y justicia para pobres. Tanto tienes, tanto vales.
Mientras tanto, en Sanlúcar, cuando toca votar una moción en el ayuntamiento pidiendo la supresión de las tasas judiciales para poder garantizar el acceso a la justicia de forma equitativa a todos los ciudadanos, vemos cómo los representantes del PP mantienen sus manos abajo, sus cabezas gachas y la dignidad por los suelos, a la vez que no se sonrojan al cuestionar la independencia de otras formaciones.
En Sanlúcar, al menos en Sanlúcar, están bien donde están.{jcomments off}
Mientras tanto, en Sanlúcar, cuando toca votar una moción en el ayuntamiento pidiendo la supresión de las tasas judiciales para poder garantizar el acceso a la justicia de forma equitativa a todos los ciudadanos, vemos cómo los representantes del PP mantienen sus manos abajo, sus cabezas gachas y la dignidad por los suelos, a la vez que no se sonrojan al cuestionar la independencia de otras formaciones.
En Sanlúcar, al menos en Sanlúcar, están bien donde están.{jcomments off}