Sobre la concentración de Chipiona en demanda de una moratoria de los vertidos de residuos mineros al estuario del Guadalquvir
El domingo, 20 de julio, en Chipiona, un millar de personas se concentró en la plaza de las Américas (bajo el faro que da entrada al Guadalquivir y frente a los corrales marinos), convocadas por las alcaldías de Chipiona (organizador principal) Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Coria del Río, y por la Plataforma ciudadana que aglutina a varias asociaciones cívicas de los pueblos ribereños del estuario y a entidades ecologistas.
Los convocantes han solicitado a la Junta de Andalucía una moratoria de los permisos de vertidos al Guadalquivir de aguas con metales pesados disueltos de las minas Cobre las Cruces y Los Frailes (antigua Aznalcóllar), y someter el asunto a un comité de expertos/as independientes que analicen el estado actual del estuario y las posibles perjuicios ecológicos y económicos que los vertidos supondrían.
Hasta el presente solo cada empresa adjudicataria ha hecho su estudio, insuficiente e interesado, ignorando ambas el comportamiento hidrodinámico y químico del estuario y, por si fuera poco, ignorando cada una el vertido proyectado por la otra. Según aseguran científicos/as de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, estas dos circunstancias invalidan de raíz los estudios de las empresas: en primer lugar, porque los metales disueltos no se desplazan corriente abajo y salen al mar sin afectar al estuario, que es lo que afirman las empresas, sino que precipitan y contaminan los sedimentos, afectando la vida acuática y entrando en la cadena trófica. La experiencia acumulada en todo el mundo en los estuarios que reciben metales pesados así lo avala. Además, uno de los estudios científicos referidos ha demostrado que los sedimentos del estuario interior del Guadalquivir (entre La Algaba y Coria del Río) ya están contaminados con metales pesados, muy probablemente procedentes de la mina Cobre las Cruces, que ha estado vertiendo al estuario desde 2009 a la altura de La Algaba. Así lo ha referido en su intervención Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, que fue invitado por los ayuntamientos convocantes.
El segundo fundamento erróneo de los estudios de las empresas, según aseguran los científicos y los convocantes, es que el estado de la masa de agua receptora (el estuario) supuesto por cada una en sus cálculos es equivocado, dado que ignoran el vertido que, simultáneamente, realizará la otra mina. Es decir, cada empresa ha hecho la previsión del comportamiento de su vertido en el estuario como si fuese el único. Según aseveraron integrantes de la Plataforma, las empresas privadas no tienen obligación legal de conocer ni informar qué otras actividades incidirán en el Guadalquivir, pero sí la Junta de Andalucía, que ha recibido ambos proyectos mineros y que, pese a estos errores de bulto, los ha aprobado.
Ante este cúmulo de despropósitos o, incluso posibles negligencias, el objetivo de los ayuntamientos y la Plataforma es trasladar a la ciudadanía información de los vertidos mineros al Guadalquivir. Los que vienen sucediendo desde Mina Cobre Las Cruces desde 2008/09 y los que se prevén, desde esta mina y desde la que tiene prevista su reapertura en Aznalcóllar (Mina Los Frailes). La cantidad que las dos minas verterá al Guadalquivir en los próximos 18 a 20 años multiplicará aproximadamente por diez lo que ya ha vertido Mina Cobre las Cruces.
La jornada ha sido festiva y reivindicativa: un funeral en el que se representaba el entierro del Guadalquivir acompañado de dolientes con esquelas que contenían mensajes con llamamiento a la concienciación ciudadana sobre esta amenaza desembocó en la Plaza de las Américas. Allí se procedió, a modo de plaza pública como espacio político de las sociedades mediterráneas antiguas, a las sucesivas intervenciones: desde una perspectiva científica (Jesús Castillo, Universidad de Sevilla); del activismo ambiental con sabor local (Rafael Ruiz, Fali, de la asociación CANS y de la Asociación de Mariscadores Jarife); y de los representantes políticos de tres alcaldías del curso bajo: Coria (Modesto González), Sanlúcar de Barrameda (Carmen Pozo) y Chipiona (Luis Mario Aparcero, que ejerció de anfitrión).
Mientras que Jesús Castillo explicó cómo los vertidos realizados hasta el momento ya están produciendo efectos ecotóxicos en distintos puntos del estuario, incluso en poblaciones de peces de río que se consumen habitualmente, a partir de los análisis que ha podido realizar, Fali Ruiz alertó sobre la necesidad de una respuesta ciudadana ante lo que parece ser la definición de Andalucía como “zona de sacrificio” de proyectos empresariales de multinacionales foráneas, y anunció que la Plataforma realizará otras concentraciones en el resto de localidades, río arriba, hasta que se atiendan las razonables demandas de moratoria y estudio por una comisión de expertos independientes. Las autoridades municipales expresaron la necesidad de mantener la vitalidad, no sólo ecológica, sino también socio-económica y cultural, del río y todos los servicios que viene aportando históricamente a las sociedades del Bajo Guadalquivir. Son muchas las personas, actividades y tejidos económicos que pueden quedar alterados, ante un horizonte de sacrificio de la cuenca para convertirla en vertedero de aguas de minas.