El agua es limitada, pero nuestra responsabilidad no lo es
Cinco meses tirando agua subterránea al alcantarillado sin ningún tipo de límites ni miramientos en Sanlúcar de Barrameda.
Desde Ecologistas en Acción queremos denunciar ante la opinión publica el derroche de agua que desde hace ya cinco meses se está llevando a cabo, de manera sistemática, en el número 22 de la Avenida Cerro Falón, antigua finca San Marcos.
Mucho nos tememos que podrían estar secando el acuífero existente en el subsuelo de esa zona, una auténtica barbaridad y una acción inaceptable tanto desde el punto de vista medioambiental, como desde el punto de vista ético y social.
Con este escrito, queremos hacer también un llamamiento a los responsables políticos, como gestores de la conservación y protección de este patrimonio natural urbano que es el agua subterránea de la ciudad, de este bien público que se está arrojando al alcantarillado sin ningún tipo de consideración. No deberíamos olvidar nunca que el agua es limitada, pero nuestra responsabilidad no lo es.
A lo largo de estos cinco meses de extracción y despilfarro continuos ¿de cuántos metros cúbicos de agua desperdiciada estaríamos hablando? El derroche es tremendo y frenarlo es un deber moral, social y medioambiental. Nos enfrentamos a una acción inaceptable, en cualquier caso, pero mucho más cuando en la actualidad estamos atravesando una situación de escasez de agua que empieza a ser bastante preocupante.
A través de los resultados obtenidos mediante la analítica realizada a una muestra de agua recogida “in situ”, así como en uno de los pozos colindantes, sabemos que se está tirando al alcantarillado agua dulce, apta para algunos usos, como riegos, baldeos y limpiezas en casas y locales comerciales de la zona que, de seguir así, podrían verse privados de este valioso recurso. La empresa que está llevando a cabo esta acción no está sacando agua únicamente de “su parcela”, sino que está secando el acuífero del que se abastecen viviendas y locales comerciales de la zona que cuentan con pozos en su propiedad y que ya están viendo con una cierta preocupación cómo está bajando el nivel de agua de los mismos con el subsiguiente temor de que se sequen.
Sabemos también que la normativa vigente establece que la extracción de agua subterránea necesita una autorización del organismo competente y obliga a que ésta sea devuelta a su depósito natural, es decir, a que sea inyectada de nuevo al mismo acuífero del que sale. ¿Cómo es posible que se esté arrojando entonces al alcantarillado?
No debemos olvidar tampoco el fenómeno que se conoce como subsidencia del terreno y explica el hundimiento progresivo de la superficie de los terrenos provocado por el bombeo del agua subterránea de manera intensa para su extracción y desecación, y que puede llegar a causar daños a infraestructuras como calles, edificios, viviendas o locales. De hecho, en el caso que nos ocupa ya se ha observado el hundimiento parcial del suelo en una zona de una casa colindante.
Desde una perspectiva puramente social, el agua es un recurso valioso que promueve y sostiene la salud de la ciudad y de su economía. Pensemos que el agua subterránea es también un recurso vivificante que se encuentra bajo nuestros pies; puede estar fuera de nuestra vista, pero no debe, ni tiene por qué, estar fuera de nuestra mente. Usada con eficiencia y responsabilidad favorece tanto al sector productivo -agrícola, comercial, turístico, -, como al sector doméstico.
Desde el punto de vista medioambiental, esta acción perniciosa es, como ya hemos dicho y no nos cansaremos de repetir, totalmente inaceptable. Estamos viviendo en un tiempo marcado por una sequía que empieza a ser alarmante y el agua subterránea es un recurso de resiliencia a la misma. El agua procedente del subsuelo -que es un bien público, no privado ni particular- actúa como amortiguador crucial frente a esa situación de escasez sobrevenida. Sin embargo, con la acción que es objeto de esta denuncia estamos generando y permitiendo la sequía hidrogeológica –es decir, el déficit y/o desecación de los acuíferos-, cuando la actitud correcta e inteligente debería ser la contraria: impulsar acciones que promuevan la inyección de agua a los acuíferos, en lugar de aquéllas que llevan a su agotamiento.
Dado el comportamiento meteorológico cada vez más variable y extremo debido a los efectos del cambio climático, la gestión de las aguas subterráneas y su sostenibilidad es esencial para mitigar en parte esta grave sequía que sufrimos. Por ello, pensamos que los responsables políticos tienen que ser sensibles y buscar una solución urgente a esta barbaridad que se está llevando a cabo con el patrimonio natural urbano del que forman parte estas aguas subterráneas. Esta situación no debe continuar. Como principales gestores de ese patrimonio natural tienen que asumir la responsabilidad de proteger los suministros de sus aguas subterráneas y tomar las mejores y más eficaces decisiones de conservación, protección y sostenibilidad, no sólo como deber medioambiental, sino también como compromiso con el bienestar social de nuestra generación y de las generaciones futuras. En suma, consideramos que deberían asumir de forma consciente una perspectiva de justicia social con respecto a las personas y al medio físico donde viven esas personas. Un reto que requiere consciencia, compromiso y valentía.
Queremos apelar también a la responsabilidad ciudadana como usuarios y consumidores de este bien público, de este patrimonio natural urbano, que debemos cuidar. Desarrollemos, por tanto, una actitud colectiva vigilante con respecto a éste y cualquier otro tipo de desmanes y denunciémoslos donde proceda. Sumemos esfuerzos. Es nuestro derecho y, al mismo tiempo, nuestro deber, pues todos somos responsables de su buen uso y sostenibilidad.
El agua es más que un recurso, es base y raíz de la vida. No esperemos a que se cumpla lo que advierte el viejo proverbio: “Nunca se sabe el valor del agua hasta que el pozo se seca”.