Conferencia sobre la reforma de la ley educativa
Su objetivo es claro, se pretende realizar una clasificación de centros en función de sus resultados académicos. En un alarde de confianza se podría pensar que con ello se contribuiría a detectar aquellos centros con mayores problemas y dedicarles los recursos necesarios. Pero la nueva Ley no ofrece dudas: se tomarán medidas honoríficas (léase más recursos) a los centros con mejores resultados. Visto la forma en qué se están aplicando los recortes sanitarios y educativos, no cabe tener mucha esperanza pudiéndose anticipar que aquellas escuelas con peores resultado serán relegadas al olvido y a la marginación.
Adopción temprana de la decisión sobre si realizar estudios de bachillerato o de Ciclos formativos. A los trece o catorce años, cuando preparen la matrícula de tercero de la ESO, nuestros hijos e hijas habrán de tener bien claro si desean hacer bachillerato o ciclos formativos, pues luego no existe escapatoria real si equivocan esa decisión.
Aplicación de exámenes de reválida en la E.S.O. y en bachillerato. La cuestión es bien clara: la evaluación continua y el seguimiento personalizado por parte del profesorado pierde su sentido. Las alumnas y alumnos habrán de jugarse el título a una sola carta. Si suspenden un examen de un día no titulan. El esfuerzo continuado durante años carecerá de valor.
Acceso a la universidad: no se tendrá en cuenta sólo las calificaciones obtenidas en bachillerato y en la reválida. Las universidades podrán establecer exámenes de admisión, así como priorizar quienes tengan realizados cursos relacionados con la especialidad (quien tenga dinero para pagárselos) y pruebas de aptitudes personales (digamos a dedo).
Fomenta el negocio educativo y “legaliza” los conciertos con centros que discriminan por razón de sexo. Al menos sesenta centros, doce en Andalucía, son sostenidos con fondos públicos. La nueva Ley pretende ampliarlos.
Destruye la participación democrática de la comunidad educativa en los centros. Relega los Consejos escolares a meros espectadores concentrando toda la capacidad de decisión en la dirección del centro.
Miente al incluir en el preámbulo de la ley la siguiente afirmación: ”Esta ley orgánica es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa. La Ley ha sido objeto de rechazo por la Confederación de Asociaciones de padres y madres (CEAPA), por los sindicatos de estudiantes, por los sindicatos mayoritarios de los centros escolares. El ministro de educación José Ignacio Wert se niega a ningún tipo de diálogo.
Es por tanto una reforma clasista y segregadora, que apuesta por la gestión empresarial de los centros públicos y convierte la educación en una carrera de obstáculos, aumentando la desigualdad y dando pasos hacia atrás en los avances hacia la justicia social.
¡OS ESPERAMOS!
EL VIERNES A LAS 7,30 DE LA TARDE EN EL LOCAL DEL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJDORES, PLAZA DE LA CHIMENEA

