Apertura de expediente sancionador
La inspección de educación en Andalucía denuncia ilegalidades cometidas por el colegio concertado Divina Pastora de Sanlúcar y propone apertura de expediente sancionador. La inspección de educación califica los documentos aportados por el centro para tratar de excusarse en su actuación de “extemporáneos y carentes de sentido” además abrir un proceso de selección de personal a una "plaza inexistente".
El jefe provincial de la inspección de educación en Cádiz, reafirmado desde la inspección general de educación de la Junta de Andalucía, propone apertura de expediente sancionador al colegio concertado Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda, por cometer, según se indica en el informe, ilegalidades hasta en tres aspectos de la ley, y sesgar la información facilitada al inspector de educación encargado de investigar la demanda que un profesor de Sanlúcar interpuso por razones de homofobia en la finalización de su contrato.
El colegio basó su defensa judicial en un primer informe en el que no se detectaron las ilegalidades descubiertas ahora y que, en base a él, se resolvió la primera vista del caso en contra de la opinión de la Fiscalía del Estado, que daba la razón al profesor y solicitaba su inmediata readmisión. El profesor anunció recurso de forma inmediata y denunció entonces que, lo recogido en ese informe que utilizó el colegio como escudo, sólo se basaba en la versión aportada al inspector por parte del centro, sin contrastar con otros documentos y evidencias que fueron ocultadas por la dirección del colegio para protegerse de la denuncia.
El informe resultante de la reclamación es el que, una vez contrastada la información que facilitó el centro, determina distintas ilegalidades cometidas y propone apertura de expediente sancionador al centro concertado Divina Pastora para dirimir la exigencia de responsabilidades. El informe señala literalmente que el centro aportó al inspector documentos “extemporáneos y carentes de sentido”. Este nuevo documento otorga un giro importante al caso y acompañará al recurso interpuesto por el profesor. Por su parte, la Junta de Andalucía podría emitir la sanción y la apertura de expediente de forma inminente.
El profesor se muestra optimista de cara al recurso interpuesto dado que ve probado en este documento firmado por la jefatura de la inspección de educación las ilegalidades cometidas por el colegio para enmascarar los motivos homofóbicos que envuelven su terminación de contrato. Afirma además que “los testigos aportados por el centro al primer juicio participaron de la ocultación de esas ilegalidades, como el sacerdote Antonio Jesús Jaén Rojas que, ante la jueza, evitó relatar las razones homófobas que en privado reconoció al profesor, escudándose en un supuesto secreto de confesión. Supuesto secreto de confesión que no dudó en violar cuando se reunió con el primer inspector, y así consta por escrito, al describir la conversación mantenida con el profesor con el ánimo de desacreditarlo y beneficiar al colegio.” También señala que algunos de los testigos aportados por el centro llevaron su manipulación al extremo de negar e-mails escritos y mandados por ellos mismo al profesor en los que reconocían las verdaderas causas de la terminación del contrato.
Las redes sociales y algunos colectivos solicitaron a través de change.org la dimisión de Luis Segura, principal ejecutor del encubrimiento del proceso ilegal al que, según el informe de la inspección, la congregación Calasancia Hijas de la Divina Pastora sometió al profesor, y también la dimisión de la directora religiosa responsable del conflicto, María José de la Plata que, entre las pruebas grabadas por el docente y aportadas al proceso judicial, figuran afirmaciones como que “ser gay molesta”, que “valora la profesionalidad del profesor, pero no se puede dejar llevar por ello”, o que “los niños con esa tendencia lo pasan mal en este colegio porque la comunidad reacciona bastante mal”.
También se ha facilitado a la inspección de educación pruebas del aleccionamiento al que la dirección del centro, Luis Segura y la auditora de cuentas de la congregación religiosa Calasancia, somete al claustro para presionar a los padres de alumnos para que paguen la cuota económica prohibida por ley en centro públicos y concertados, y por lo que también podría ser sancionado. En dichas pruebas la auditora de cuentas del colegio de la congregación calasancia acusa a la administración y a la inspección de educación de "mentir y no decir la verdad".
Otros enlaces a la información, por Europa Press: http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-educacion-aprecia-posibles-irregularidades-contratacion-profesorado-colegio-divina-pastora-sanlucar-20140813101210.html