XXXVI JPA de CIS
Marín, Pimentel y becerra coinciden: “esta es una ley con un carácter eminentemente político”
La XXXVI JPA de CIS debatió sobre la polémica Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local.-La sala de conferencias del Círculo de Artesanos acogió ayer la edición número 36 de las Jornadas de Puertas Abiertas de CIS con el máximo aforo y contando con ciudadanos y colectivos llegados desde distintos puntos de la provincia de Cádiz y de otras provincias vecinas atraídos por el interés del asunto.
En una mesa compuesta por Álvaro Pimentel Siles, abogado sevillano y vocal de asuntos jurídicos de Ciudadanos de Andalucía y Manuel Becerra Barba, ex-alcalde de Guadalcacín por el PSOE durante 18 años y miembro de Unión Rural Jerezana y Juan Marín Lozano, secretario general de Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar y miembro de Ciudadanos de Cádiz, se reflexionó acerca de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Álvaro Pimentel comenzó diciendo que el título de la jornada “Ley de Administración local: la gestión alejada de los ciudadano” era muy acertado, pues es eso exactamente lo que pretende esta ley, desproveer a los ayuntamientos de los mecanismos para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Una norma, según Pimentel, que recorta las competencias de los municipios de menos veinte mil habitantes pero que sin embargo otorga un cheque en blanco a las diputaciones, una norma muy ambigua que asfixia a los municipios y pretende acabar con los ayuntamientos, que parecen ser los culpables de todo el déficit de España.
“Según los datos, la deuda municipal corresponde a una deuda global del 4% del PIB, el resto corresponde a Estado y comunidades autónomas, pero según esta ley todos los ayuntamientos son presuntos despilfarradores, sin valorar quien lo está haciendo bien o quien incumple, pagando justos por pecadores”, argumentó el vocal de Ciudadanos de Andalucía.
En opinión de Álvaro Pimentel, “con la aprobación de esta ley se pretende un control absoluto de los municipios hasta hacerlos desaparecer, lo que provocará la perdida de empleo directo e indirecto porque los ayuntamientos tendrán menos fondos, menos competencias y por tanto, menos servicios que prestar. Además, la ley vulnera el principio de igualdad entre españoles porque los ciudadanos recibirán servicios dependiendo de donde vivan”.
Para finalizar, el abogado sevillano dio tres directrices imprescindibles que, según él, tendría que tener cualquier reforma de la administración local, “tendría que ser una ley de consenso que contara con los ayuntamientos que son los que conocen los problemas de los ciudadanos, la ley que se aprobara tendría que llevar la segunda descentralización que tiene que ser local permitiendo que los ayuntamientos asumieran competencias con una ley de financiación de entidades locales y por último eliminar las diputaciones, estableciendo las transferencias a las comunidades autónomas y eliminando así las duplicidades”.
El segundo ponente, Manuel Becerra, contó que según su experiencia como alcalde de Guadalcacín, una entidad local menor (ELA), esta es una ley que el Estado hace a su medida, sin tener en cuenta a las manifestaciones de los españoles, dando todo el poder al estado, a las diputaciones y a los grandes ayuntamientos.
Según él exalcalde de Unión Rural Jerezana, con está norma el Estado ejercería un control financiero riguroso de las administraciones locales, favoreciendo a la iniciativa privada, lo que le parece una locura un sin sentido y una estafa a la democracia, pues además elimina el contacto del ciudadano con su administración más cercana y sus representantes mas directos.
“A partir de la aprobación de esta ley, los ayuntamientos dejarán de tener herramientas para enfrentarse a los problemas de los ciudadanos y se convertirán en algo así como meros administradores de fincas”.
Según Becerra, esta ley rompe la democracia directa y supondrá la pérdida de la calidad en la prestación de servicios, dejando desamparados a los ciudadanos. “Las leyes q nacen desde la prepotencia y desde la soberbia llevan implícita la falta de solidaridad con los ciudadanos. Si hubieran menos diputaciones y entes similares y más ayuntamientos tendríamos una democracia más justa”, dijo para finalizar.
Juan Marín intervino en último lugar dando algunos datos que ilustraron a los asistentes acerca de cómo afecta esta ley a todos los municipios de nuestro país, no solo a los de menos de 20.000 habitantes.
Según los datos económicos que dio el secretario general de CIS, se presume que con la aprobación de esta ley habría un recorte en torno a los ocho mil millones de euros en los próximos seis años, pero en el período 2013-2015, que ya no sería cuantificable, porque ya 2013 está terminando, habrían unos recortes en torno a los tres mil cuatrocientos millones de euros en el conjunto de los municipios de este país.
Manifestó Marín que “esta reforma plantea la eliminación de empresas públicas, aquí en Sanlúcar hay dos empresas directamente afectadas, Emuremasa y Elicodesa, empresas y trabajadores que serían sustituidos por empresas privadas que siempre primarán el beneficio por encima de la calidad de los servicios prestados”.
Además, añadió el concejal sanluqueño, “en caso de que las entidades locales menores o los municipios pequeños tuvieran que fusionarse, como propone la ley para reducir gastos, estos tendrán que seguir recibiendo sus servicios, por lo que los 1.037 millones de ahorro previstos con la fusión de ayuntamientos simplemente acabarán afectando una vez más a la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos”.
Explicó también, que con el traspaso de competencias se pretende un recorte de una media de 240 millones de euros al año, pero esto acarreará también la eliminación de puestos de trabajos y la dejación de prestación servicios básicos.
Esta ley, dijo Juan Marín, “al igual que la LOMCE, se pretende sacar adelante sin consenso, sin contar con los ciudadanos, alejando a la Administración de sus administrados y provocando una indefensión del ciudadano. El objetivo real de esta reforma es, además de vaciar de contenido a los ayuntamientos y concentrar el poder en las diputaciones, eliminar a los partidos políticos pequeños, quedando solo los azules y los rojos, eliminando así las voces críticas”.
“Esta es una ley inútil, estéril y con un carácter eminentemente político, los ayuntamientos somos responsables del 4% de la deuda de todas las administraciones públicas, sin embargo, solo nos atacan a nosotros, no es una cuestión de dinero, ahora ya que cada uno saque sus propias conclusiones”, concluyó el líder de CIS.
Tras un interesante turno de debate con los asistentes, Juan Marín agradeció especialmente la asistencia de los miembros de Ciudadanos Andalucía de Málaga y Sevilla que se desplazaron hasta Sanlúcar para participar en este encuentro.