Hipocresía y mentira
Mestre: “La hipocresía y la mentira son las protagonistas de la gestión en política de Vivienda de PSOE e IU en la Junta”
La portavoz del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre ha asegurado que la hipocresía y la mentira son las protagonistas de la gestión de PSOE e IU en la Junta de Andalucía en política de Vivienda.-La dirigente popular denuncia que los Gobierno socialistas de Zapatero y Rubalcaba y de la Junta de Andalucía no han hecho nada para solucionar el problema de los desahucios.
Andalucía es la comunidad autónoma que más ejecuciones hipotecarias ha realizado entre 2008 y 2012 con un 19,6% del total de España, es decir, 63.458; y en la provincia de Cádiz concretamente se han llevado a cabo 7.633 ejecuciones.
La portavoz popular afirma que los hechos revelan las mentiras del Bipartito andaluz que mantiene más de 5.000 viviendas públicas vacías. Además, el Gobierno andaluz ha rechazado en Andalucía las propuestas del PP de destinar las viviendas sociales de la Junta a familias afectadas por desahucios, crear un Fondo Autonómico para ayudar a las familias afectadas o la creación de nuevas fórmulas legales como el alquiler compartido o las viviendas tuteladas.
Mestre ha criticado que el nuevo Decreto Ley de la Junta es un decreto que no mejora la protección de las familias en situación de desahucio, que tiene una dotación presupuestaria muy escasa y unos costes de gestión muy altos.
Asimismo lamenta que en vez de dar soluciones y buscar consenso, el Gobierno social-comunista andaluz opte por la confrontación y los titulares en prensa y le pide a los dirigentes de PSOE e IU que no minusvaloren a los ciudadanos y su capacidad de discernir entre las verdades y las mentiras.
Un dato que resume la inacción política en materia de vivienda protegida por parte del Bipartito andaluz es que en 2012 el número de VPO promovidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) que hayan iniciado su construcción en 2012 es cero, sentencia la dirigente popular.
En este sentido, Mestre asegura que es realmente alarmante que en tres provincias andaluzas, entre ellas Cádiz, la Junta no haya promovido ni una sola VPO.
La dirigente popular ha lamentado que, mientras el Gobierno de la Nación pone soluciones reales al problema de la Vivienda, el Bipartito andaluz incumple de manera reiterada sus promesas en esta materia.
A este respecto, ha hecho mención a la Ley 1/2010 mediante la cual cualquier andaluz podría reclamar una vivienda ante los tribunales, dedicando un tercio de sus ingresos si era en venta y una cuarta parte si era en alquiler. En teoría cualquier andaluz podría haber hecho valer esta Ley ante el Gobierno del PSOE en la Junta.
Además, explica Mestre, el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 tuvo como objetivo la promoción de 132.000 viviendas protegidas para su venta o alquiler, además de ayudas al alquiler y rehabilitación y la firma de un pacto con los bancos para financiarlo con 9.550 millones de euros. La realidad de este Plan es que solo se ha ejecutado un 30% con una financiación de 700 millones.
Este Plan no ha desarrollado ninguna acción para ayudar a los afectados por las ejecuciones hipotecarias desde 2008, explica la portavoz popular quien matiza que incluso la propia directora general de Vivienda de la Junta ha reconocido que ha sido un fracaso.
La realidad de la política de Vivienda de la Junta, explica Mestre, es que prometió viviendas gratis para sueldos inferiores a 1.000 euros y no los hizo; prometió 9.950 millones de euros para un Plan de Vivienda y solo ejecutaron 700 millones; no han pagado la ayuda al alquiler a más de 12.000 inquilinos; y han eliminado la ayuda de 6.000 euros a propietarios para impulsar el alquiler.
Esto pone en evidencia, matiza la portavoz popular, que la Junta incumple sistemáticamente sus Planes de Vivienda.
Frente a esta forma de hacer política y afrontar los problemas, está la sensibilidad y el compromiso del Partido Popular y del Gobierno de Rajoy que han sido los primeros que han suspendido por un plazo de dos años los desahucios de las familias que se encuentran en una situación de especial riesgo de exclusión.
Asimismo, el Gobierno del PP ha sido el primero en paralizar los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables; ha regulado un código de Buenas Prácticas que incluye la dación en pago de la vivienda con carácter retroactivo para deudores hipotecarios sin recursos; ha creado un Fondo Social de Viviendas para que las familias desahuciadas accedan a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban; y ha impulsado en el Congreso un Proyecto de Ley sobre protección de deudores hipotecarios para proteger sus derechos como consumidores, apostilla Mestre.