No al «tasazo»
El nuevo sistema supone un auténtico ataque a uno de los derechos reconocidos en nuestra constitución, el derecho al acceso a la justicia, lo que lleva a implementar un sistema judicial para ricos. Por ello, Ciudadanos se opone a la propuesta efectuada por Gallardón, ya que impide al ciudadano acceder libremente a la justicia convirtiéndose el acceso a la justicia en un servicio de lujo al alcance de muy pocos.
Así las cosas, un ciudadano que tenga un contencioso por una herencia, a la hora de presentar la demanda tendrá que pagar 300 euros para iniciar el procedimiento mas una tasa variable, dependiendo de la cantidad reclamada. (0, 5 si el valor de la herencia es de 60.000 €), o por ejemplo, en el caso de las sanciones de tráfico donde no suponga la retirada de puntos, reclamar supone el doble de la sanción, ya que habrá que pagar una tasa de 200 € cuando la sanción se encuentra establecida en 100 euros.
Acciones que el ciudadano podía realizar sin el coste de un abogado y procurador como la reclamación a una compañía de telecomunicaciones o la interrupción del servicio de electricidad, a partir de ahora supondrá un coste de 150 euros más un 0,5, con independencia de que se gane o se pierda
En definitiva, despidos, herencias, negligencias medicas, o cualquier otro contencioso civil, supondrá un gran gasto adicional a la hora de presentar una demanda, complicándose el acceso a la justicia, que además de ser un derecho fundamental reconocido en la CE, es un auténtico derecho universal reconocido en el articulo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Desde CIS queremos condenar este sistema que supone un auténtico blindaje a la hora de presentar una demanda y un obstáculo para todos los ciudadanos a la hora de ejercer un derecho fundamental que es la esencia misma del Estado de Derecho.
Ciudadanos Independientes apoya a los colectivos de la Administración de Justicia que se están manifestando en contra de la subida de tasas y rechaza totalmente este sistema de justicia que el Partido Popular pone en vigor “sólo para quien pueda pagárselo”, una medida que además de ser inconstitucional, tal como han declarado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, va en contra de los intereses y el bienestar de los ciudadanos.
