Reducción del 30% de concejales de los ayuntamientos
Objetivo: la perpetuación de la especie
José A. Bustamante.-Dentro de la batería de medidas que el gobierno anunció la semana pasada para ahorrar en dos años 65.000 millones de euros (curiosamente la misma cantidad que decían que la banca española iba a necesitar para saldar sus deudas), encontramos una que llama poderosamente la atención: la reducción del 30% de concejales de los ayuntamientos y que determina que el mayor número de las competencias municipales de los ayuntamientos que tengan menos de 20.000 habitantes, unos 7.700 de los 8.112 existentes (un 95%), pasarían a ser gestionadas por las diputaciones provinciales.
Llama poderosamente la atención por el bajo importe de ahorro que esta medida supone, ya que en numerosos pequeños municipios estos ediles no tienen ningún sueldo asignado. Desde el gobierno se habla de un ahorro de 3.500 millones, lo que nos debe hacer suponer que no serán más de mil.
Llama poderosamente la atención por su populismo. Justo cuando el pueblo español está en pié de guerra contra la clase política en general, se sacan este as que tenían escondido en la manga para acallar esas voces, mientras mantienen intactos el número de políticos dedicados a la política nacional y autonómica, así como a su elevado número de asesores bien pagados.
Y llama poderosamente la atención por un dato significativo: los dos grandes partidos parecen estar de acuerdo en este asunto y eso ya es motivo más que suficiente para andar con la mosca detrás de la oreja.
¿Qué ha ocurrido para que en este tema se hayan puesto rápidamente las pilas? Muy fácil: han visto las orejas al lobo y no van a permitir que, tal y como ha ocurrido en Torrelodones, sean los propios ciudadanos los que tomen las riendas de su vida y desplacen a los “políticos profesionales” de su poltrona.
La actual Ley Electoral, basada en el sistema D’Hont, premia de forma descarada a los dos grandes partidos y fomenta el bipartidismo. Esa bajada del 30% hará que los pequeños partidos tengan cada vez más complicado poder llegar a tener un concejal en un ayuntamiento, y teniendo en cuenta que con la actual situación de desencanto con la política de los dos grandes se prevé que los partidos pequeños e independientes tengan cada vez más presencia en la política local, había que cortar eso de raíz.
Por poner como ejemplo a Sanlúcar, si pasáramos a tener 17 concejales, con los mismos votos conseguidos que en las pasadas elecciones municipales, el PSOE bajaría su número de concejales en un 20%, el PP en un 28%, IU y CIS en un 33,3% y PA en un 50%. Esta tendencia se irá incrementando conforme nos vayamos a municipios más pequeños, por lo que el resultado no puede estar más de acorde con la intención real de esta medida: evitar que la llamada “tercera vía” les pueda restar poder en los ayuntamientos.
¿Y por qué son tan importantes los ayuntamientos? Pues porque por un lado le quitan al ciudadano ese trato directo con el político local, y por otro lado es el acceso directo a las diputaciones. Actualmente de las 38 diputaciones de régimen común que funcionan en las comunidades pluriprovinciales, 34 se las reparten entre PPSOE. Las 4 restantes, las catalanas, están presididas por CiU.
Teniendo en cuenta pues estos datos, se antoja primordial mantener su cuota de poder en los ayuntamientos ya que estos son la llave que les abre las puertas de las diputaciones a las que no se acceden a través del voto directo, sino de forma indirecta según el número de concejales conseguidos en los distintos municipios de una provincia en concreto.
Una vez conseguido aniquilar a los partidos independientes y mantenido un poder casi tiránico en las diputaciones, ya solo faltaba dotar a éstas de más medios (léase de más millones) con la excusa de que se van a encargar de dotar de servicios a esos municipios de menos de 20.000 habitantes.
El negocio no puede ser más redondo: se perpetúan en el poder nacional, autonómico y local, se quedan con las diputaciones y utilizan a estas para meter a todos esos políticos que no han conseguido ningún puesto mediante el voto del pueblo, a la vez que se nombran a dedo a numerosos “asesores” de estos diputados provinciales pudiéndose dar la curiosa circunstancia que, como en el caso de las 3 diputaciones de la Comunidad Valenciana, el número de asesores sea superior incluso que al número de diputados.
Ésta, y no otra, es la verdadera intención de la famosa medida de rebajar en un 30% el número de concejales. Si el motivo fuera el ahorro, sería bastante más coherente disolver las diputaciones que cuestan 21.500 millones al año. Pero eso no interesa, ¿verdad?