No debe existir impunidad para los responsables
Durante 2004 la desesperada situación económica municipal (por la mala gestión del PP y AS) era evidente.Sin embargo algunas empresas hacían buenos negocios en el Palacio.
Durante quince días hábiles han estado expuestas a los ciudadanos las cuentas de 2004. Militantes del Bloque (así como de otros partidos e instituciones) hemos estado estudiándolas. Hemos presentado una docena de alegaciones por diferentes irregularidades que iremos dando a conocer a los sanluqueños. Aquellos que estén interesados en leerlas en su integridad pueden hacerlo en nuestra página web www.bloqueprogreso.tk. Se puso en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento. No debe existir impunidad para los responsables.
Durante la anterior campaña electoral pedimos reiteradamente que se cumpliese la norma legal que obliga a los Ayuntamientos a tener transparencia en su gestión económica. Ahora tenemos la oportunidad de conocer en detalle cómo los concejales del PP y José Luis Cuevas consiguieron llevar a la quiebra al Ayuntamiento de Sanlúcar.
En esta nota de prensa vamos a centrarnos en la Unidad de Obras y Servicios (o de Infraestructuras, como quieren llamarla ahora). Nos ha llamado la atención una empresa en concreto a la que vamos a llamar AR. Las facturas que se le pagaron durante 2004 supusieron 107.849,71 euros.
Casi todas se emitieron el mismo 2004. Se dedica a vender material de jardinería. Sorprenden algunos precios; venden los aspersores maxi-paw por 39 euros cuando a fecha de hoy si le pides un presupuesto a esta empresa te los ofrece por 26. Los aspersores normales que cuestan normalmente hoy 16 euros, en 2004 la misma empresa AR los factura por 22.
Todo es muy caro para el Ayuntamiento a pesar de pagar super-rapido. Es extraño que el Ayuntamiento de Sanlúcar gaste tanto dinero en jardinería; hay muy pocas zonas verdes en la ciudad. PP/AS tenían como política el intentar que no hubiese ningún jardín en la ciudad. Suponemos que era para ahorrarse en dinero de los gastos de mantenimiento (jardineros…). AR vende 18.000 euros en tubos para una obra en el Reventón Chico sin ningún contrato ni proyecto ni licitación; es un claro fraccionamiento de contrato con facturas correlativas que no quieren sobrepasar el límite de los 3.000 euros. ¿De verdad se pusieron todos esos tubos o sólo la mitad?
El tratamiento de rosales y de naranjos por casi 9.000 euros tiene toda la pinta de ser un invento. ¿De verdad están en el Ayuntamiento toda la maquinaria (electrobombas, aspersores motores sumergidos, taladros, amoladoras, cortasetos, martillos eléctricos, generadores, filtros de motor…) que venden para los jardines? O está inventada o ha acabado en las casas particulares de algunos indeseables. Durante los próximos meses, veremos si esto mismo también se compró en 2005 y 2006. AR no se dedica a poner aires acondicionados.
Pero claro, lo que sí puede hacer es comprar un aire, encargar que lo instalen, abonarlo al proveedor original, inflar la factura, presuntamente, hasta más de los 6.000 euros y pasarla al Ayuntamiento. Podría ser fraccionamiento ilegal de contratos. En ese plan también se dedica a las cabalgatas de tractores para los Reyes Magos. Los movimientos contables denominados “ADOP” son un tipo de documento que la legislación contempla como una excepción, pero durante principios de 2004 parece ser que eran la norma en cuanto a unos pocos de proveedores del Ayuntamiento. Ello nos da idea de la forma de gestión del presupuesto municipal.
Lo normal es hacer un proyecto (fase RC), adjudicar el proyecto (fase AD) y luego se contabiliza la O cuando se acaba la obra. Pero en el Ayuntamiento de Sanlúcar un acto administrativo legal parece que era excepcional. Los locos se habían hecho con el control del manicomio. Y hoy pagamos las consecuencias. No estamos denunciando defectos formales en los procedimientos; se podría tratar, presuntamente, de una trama orquestada de saqueo.
Y la consecuencia ha sido la quiebra económica del Ayuntamiento. Las relaciones económicas entre el Ayuntamiento y estas empresas nos resultan sospechosas. No podemos asegurar si estas empresas, eventualmente, ha sido beneficiadas por políticos, por técnicos o por ambos. Lo que si es cierto es que a menudo no se firman contratos para la adjudicación de estos trabajos, lo cual es ilegal. Siempre debe existir un concurso con su oportuno expediente administrativo de contratación para la adjudicación de unas supuestas obras por estas cuantías, si es que realmente se realizaron. Y si las obras son de más de 30.000 euros pues hay que adjudicarlas dándoles publicidad y concurrencia. Y los precios que paga el Ayuntamiento ya no responden, por tanto, a la realidad del mercado, sino que podrían estar manipulados.
Querríamos que se pidiesen explicaciones a los técnicos involucrados en este pago; puede que todo esto tenga una explicación, aunque los indicios no pueden ser más lamentables. Si sus explicaciones no son satisfactorias el Ayuntamiento debería reclamar la devolución de las cantidades pagadas a los responsables. En todo caso, los entonces Concejales Delegados del Partido Popular y de Alternativa Sanluqueña, son responsables de una mala gestión que explica la actual situación de quiebra del Ayuntamiento.
Los presupuestos municipales siempre recogían en la ejecución del presupuesto de gastos una miríada de pagos aleatorios, arbitrarios, sin “mirar la peseta”… Deben exigírseles responsabilidades en el caso de que no puedan explicar sus comportamientos. El Ayuntamiento ha estado dilapidando sus recursos y violando principios contables. Firmado: Manuel Romero Caro. Portavoz del Bloque.