Actividad ilícita en la gestión
La mala gestión del PP durante 2004 queda demostrada en las cuentas generales.Pudo existir actividad ilícita en la gestión de la peatonalización del centro.
Durante quince días hábiles han estado expuestas a los ciudadanos las cuentas de 2004. Militantes del Bloque (así como de otros partidos e instituciones) han estado estudiándolas. Hemos presentado una docena de alegaciones por diferentes irregularidades que iremos dando a conocer a los sanluqueños. Se puso en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento; aun hoy las arcas municipales están exhaustas. No debe existir impunidad para los responsables.
Durante la anterior campaña electoral pedimos reiteradamente que se cumpliese la norma legal que obliga a los Ayuntamientos a tener transparencia en su gestión económica. Ahora tenemos la oportunidad de conocer en detalle cómo los concejales del PP y José Luis Cuevas consiguieron llevar a la quiebra al Ayuntamiento de Sanlúcar. En esta nota de prensa vamos a centrarnos en la actuación del Gerente de la GMU nombrado por el PP. El Gerente no salió barato a los sanluqueños; el informe 401/04 indica que el coste para la GMU de su contrato era de 59.950,96 euros para seis meses; en total 120.000 euros al año, o sea veinte millones de las antiguas pesetas al año.
La peatonalización del centro es un gran proyecto para Sanlúcar que apoyamos como idea y como concepto, pero que se ejecutó rematadamente mal en cuanto al despilfarro de dinero. Nos remitimos al Informe 300/2004 de la Interventora Beatriz Rueda. Una obra que se adjudicó a Sancalonge por 1.492.289,01 euros acaba costando 3.462.241,06 euros.
El 19/9/2003 el Presidente de la GMU por resolución cede este contrato a una empresa de la construcción que vamos a llamar “X”. Eso no es legal. En enero de 2004 el Gerente firma una resolución para aprobar una modificación del proyecto y la certificación (la factura). Se le pagan 805.086,25 euros entre enero y abril; esto es una aberración.
Esos pagos se hacen por la orden del Gerente con reparos de legalidad firmados por el entonces Interventor de la GMU (Informes 163/04, 37/04, 31/04, 23/04, 21/04 y 2/04). El Gerente tenía conocimiento de esos reparos por lo que podríamos estar ante un delito de prevaricación. También existieron reparos en las modificaciones presupuestarias que se hicieron. Pero las actuaciones del Gerente parece que eran del tipo de “ordeno y mando”. Solicitamos a la Comisión de Cuentas que remita este expediente al juzgado de guardia; detrás de esa presunta prevaricación debe existir algún motivo.
Y queremos que se investiguen los motivos que llevan al Gerente a tomar una decisión tan importante en contra del criterio de los técnicos. Esta empresa de la construcción a la que nos referimos no tenía presentadas garantías para ejecutar las obras; debería haberse resuelto el contrato. Nosotros creemos que la certificación 17 de esa obra no es correcta. Ha existido un beneficio injusto por parte de la mercantil en sus relaciones con el Ayuntamiento. La incompatibilidad del Gerente en sus tratos con esta empresa “X” es pública y notoria. La obra costó un 132% más de lo presupuestado (más del doble); se le hicieron dos reformas de precios y se contabilizan automáticamente sin chistar. Todo el procedimiento está cuajado de irregularidades lo cual nos hace sospechar lo peor. La Comisión de Cuentas o el Pleno deben remitir este expediente a los Tribunales para que lo estudien. No se peatonalizaron más calles de las previstas; ¿Porqué costó tanto?
Los técnicos que firman la certificación deben explicar las nuevas valoraciones de las unidades de construcción. Lo que no podemos permitir es que alguien entre de pronto en la Gerencia y transfiera a una empresa “X” 811.345,05 euros por la cara con el informe negativo de dos interventores. Por lo menos nos lo tienen que explicar a los sanluqueños.
Observamos que la certificación 17 contiene conceptos genéricos como “localización de infraestructura subterránea existente”. Por ese motivo los sanluqueños le hemos pagado a la mercantil 9.015,18 euros. Una certificación de obras no detallada no cumple los requisitos legales. El alumbrado vale la friolera de 617.774,30 euros. Esto es, como poco, mala gestión.
Pero nosotros creemos que hay algo más; pensamos que podría existir presuntamente malversación y falsedad. Sólo eso nos explicaría el cúmulo de defectos en la tramitación del expediente que han querido ser pasados por alto. Queremos subrayar, una vez más, que aprobar las Cuentas de 2004 en 2008 es una grave anomalía. La Ley Reguladora de Haciendas Locales marca que se debieron aprobar en 2005.
Eso es lo lógico. Ahora muchas faltas administrativas o incluso delitos que, eventualmente, pudieran haberse cometido están a punto de prescribir. ¿Eso es lo que se quería al retrasar la aprobación de las Cuentas? ¿Quién es el responsable de ello? Nosotros tenemos claro que el responsable es el equipo de gobierno de aquellos años PP/AS que tenía una clara voluntad política a favor del ocultismo y la falta de transparencia. Aquí se demuestra, una vez más. Esto es irregular.
Los entonces Concejales Delegados de Economía y Hacienda, José Luis Cuevas y Marco Caballero, son responsables de una mala gestión que explica la actual situación de quiebra. Los presupuestos municipales siempre recogían en la ejecución del presupuesto de gastos una miríada de pagos aleatorios, arbitrarios, sin “mirar la peseta”… Deben exigírseles responsabilidades en el caso de que no puedan explicar sus comportamientos. El Ayuntamiento ha estado dilapidando sus recursos y violando principios contables.