Suelo para vivienda de proteción pública
El Ayuntamiento delimita un área de reserva de suelo en la Atalaya para la construcción de más de 2300 viviendas.
El Consejo de Gerencia de la GMU ha acordado delimitar una reserva de suelo de 53 hectáreas en La Atalaya para la edificación de viviendas, en su inmensa mayoría con algún tipo de protección pública. El objetivo de esta medida es garantizar en el municipio suelo suficiente para responder a la creciente demanda de viviendas de protección oficial o sujetas a otro régimen de protección pública dado el elevado precio del suelo y de las viviendas y la gran demanda existente de viviendas protegidas.
En la actualidad, los terrenos clasificados como urbanizables con capacidad para albergar viviendas de protección oficial no cuentan con todas las determinaciones oportunas y son escasos, por lo que sería necesario revisar el vigente Plan General para satisfacer la demanda de la población. Sin embargo, la revisión del PGOU debe cumplir unos requisitos cuya complejidad retrasaría de manera notable el objetivo de agilizarla construcción de vivienda protegida.
En esta circunstancia la Ley permite a los municipios incorporar suelo al patrimonio municipal siempre que se cumplan dos requisitos: que el área a delimitar se contemple en posteriores planes de desarrollo de la ciudad y que en los mismos se edifiquen en su gran mayoría viviendas con algún tipo de protección.
La Atalaya, actualmente suelo no urbanizable, se encuentra en una zona que, por posición y capacidad de integración con el resto de la ciudad, así como por su buena accesibilidad, mejor puede servir para el crecimiento natural de Sanlúcar, además de estar encontrar con inmejorables comunicaciones tanto con el resto de la ciudad como con el resto de localidades de la Costa Noroeste, Jerez y El Puerto.
Según ha explicado hoy el portavoz del equipo de Gobierno, Víctor Mora, la pretensión municipal es posibilitar la construcción de entre 2.300 y 2.400 viviendas, de las cuales alrededor del 60 por ciento irían destinadas a edificaciones protegidas, es decir, en torno a 1.300-1.400 viviendas.“Con esta medida respondemos a la gran demanda de viviendas con algún tipo de protección, a la vez que reactivamos el mercado de la construcción”, explicó Víctor Mora, quien subrayó la importancia de esta acción para diversificar y fomentar el empleo.