Contra la violencia hacia las mujeres

Manifiesto del PP con motivo del día Internacional contra la violencia hacía las mujeres

La secretaria de Asuntos Sociales del PP de Sánlucar, Regina Arocha ha remitido una nota de prensa con motivo del día internacional contra la violencia de género en la que recordó las mociones que el PP había presentado en la actual legislatura en las que se instaba a la Junta de Andalucía a poner en marcha el Plan de Seguridad Personal para las víctimas de la violencia de género establecido en la ley andaluza 13/2007, así como que se dotaran los créditos necesarios para que las víctimas de violencia de género puedan ser protegidas por la seguridad privada. 

Recordó la moción en la que el PP de Sanlúcar pedía al Pleno Municipal que se exigiera al Gobierno de la Nación que, antes de la finalización del presente año, todos los Partidos Judiciales de Andalucía tuvieran un Juzgado específico de Violencia de Género.  

Desgraciadamente, y a pesar de que en nuestra ciudad siguen existiendo trece    mujeres amenazadas con la categoría de alto riesgo, el partido socialista echó para atrás las mociones del PP.              

Quizás no sea hoy el día mas adecuado para reprochar conductas que ya son habituales en el equipo de gobierno municipal por lo que no vamos a ahondar mas en el tema y vamos a pedir para un tema como el que hoy nos ocupa la unidad y el consenso de todas las fuerzas políticas para frenar en seco esta lacra que desgraciadamente cada día va a más.   

La Constitución Española en su art. 15 establece como derecho fundamental el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso podamos ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El Estatuto de  Autonomía para Andalucía en su art. 16 dispone que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, asistenciales y ayudas públicas. Sin embargo este derecho no es una realidad en nuestra CCAA.

En lo que llevamos de año son ya 10 las mujeres asesinadas en Andalucía, de un total de 63 en toda España, lo que significa que Andalucía cuenta con el  porcentaje más alto de mujeres asesinadas de todas las Comunidades Autónomas.  “La reforma del derecho legislado y la formulación de políticas no son suficientes, su aplicación también es fundamental, así como su evaluación y vigilancia”.              

 Yakin Ertürk. Relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la        mujer.  La Ley Orgánica 1/2004 de medidas urgentes de protección contra la violencia de genero regula la obligación del gobierno de evaluar no sólo las medidas  desarrolladas estos años , sino también  el impacto de la Ley en la prevención de la violencia de género y la respuesta institucional a las mujeres sobrevivientes. Según fuentes oficiales entre Enero de 2005 y Mayo de 2008, 220 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas y exparejas.

 Un 30 % de estas mujeres había presentado alguna denuncia contra el hombre que finalmente acabó con su vida y muchas de ellas tenían una orden de protección en vigor. En los últimos tres años se han duplicado el número de mujeres que han sido asesinadas teniendo una orden de protección en vigor: hemos pasado de 5 en el año 2005 a 12 en el año 2007. 

Las mujeres inmigrantes tienen una especial problemática. Por un lado su situación personal se va agravando, ya que en el año 2007 el riesgo de estas mujeres de ser victimas de violencia de género se ha multiplicado por seis respecto al de las españolas, y por otro lado su situación administrativa irregular les retrae de interponer la correspondiente denuncia. Si bien a partir del año 2005 se ha priorizado la tramitación de las diligencias por violencia frente al posible expediente de expulsión, es lo cierto que aun carecen de ayudas económicas inmediatas, y así consta en el Decreto que regula las ayudas económicas a las victimas, de las que están excluidas. 

El mensaje de desprotección que estos datos arrojan tiene que obligar a los responsables políticos a aunar esfuerzos en lo que debe ser una lucha común con un único objetivo, la erradicación de la violencia de genero.  Y para ello deben tomar medidas urgentes, redoblando los esfuerzos y aumentando los recursos, para que cada día mas la realidad que vivimos se acerque a los objetivos básicos de la Ley Integral. Con la Ley Integral el gobierno asumió dos retos fundamentales en relación a la protección de los derechos humanos: 

– Garantizar el derecho de las mujeres víctimas a la asistencia social integral en todo el territorio y sin discriminación.

– Garantizar financiación adecuada y suficiente de las medidas comprometidas. Tres años después de la entrada en vigor de la Ley no se ha cumplido ninguno de los dos. La falta de un compromiso de estándares mínimos en todo el territorio del Estado  en materia de asistencia social integral hace imposible que se cumpla el principio de no discriminación. 

El hecho de que en los años 2005 y 2006 se creara un Fondo para desarrollar las medidas de la Ley Integral dotado de 12 millones de Euros a repartir entre las distintas CCAA y que en el año 2007 así como en el 2008 el fondo se haya disminuido a 6,5 millones de Euros, a repartir a través de la convocatoria de subvenciones dirigidas a las CCAA( 4 Millones de Euros) y Ayuntamientos de más de 150.000 habitantes ( 2,5 Millones de Euros) para proyectos “innovadores”  demuestra la falta de financiación estable para el desarrollo de las medidas recogidas en la Ley integral . Por otro lado, pasados tres años de la entrada en vigor de la Ley Integral, queda patente la falta de medios para su desarrollo: 

1.                  Existen tan sólo 83 juzgados exclusivos de violencia de género y 375 mixtos, lo que resulta absolutamente insuficiente para conocer de las 126.293 denuncias por violencia de género que se interpusieron en el año 2007.

2.                  Las Unidades específicas de la policía nacional (UPAP ) están compuestas por 520 agentes en todo el territorio nacional encargados de  hacer el seguimiento de las más de 35.000 ordenes de protección dictadas en el año 2007 (más las que continuaban en vigor de años anteriores ), más el  incremento en el numero de mujeres muertas con una orden de protección en vigor y el incremento en el numero de denuncias por incumplimiento de las medidas de protección pasándose de las 3170 del año 2005 a las 6485 del año 2007, nos debe hacer reflexionar . 

Teniendo en cuenta que es el Estado el responsable de arbitrar medidas para el adecuado desarrollo de los compromisos legales, incluida la asignación de recursos económicos suficientes y de asegurarse que dichas medidas sean eficaces para hacer efectivos los derechos de todas las víctimas a la atención social y a la protección, desde el Partido Popular  

MANIFESTAMOS: 

1º.-  Nuestra profunda preocupación por el recorte presupuestario que desde el gobierno se viene haciendo en los programas destinados a la lucha contra la violencia de género, congelando las ayudas sociales previstas en la L.1/2004, suprimiendo el Fondo para asistencia social integral de las víctimas y reduciéndolo a un programa de subvenciones para proyectos innovadores en materia de violencia de género, que no garantiza la financiación ni la solidaridad entre las distintas Comunidades Autónomas. 

2º.- Nuestra absoluta condena de la violencia de género y la necesidad de arbitrar soluciones concretas de prevención y educación, denunciando la eliminación en el actual proyecto de Presupuesto de la partida destinada al fomento de medidas contra la violencia de género. 

3º.- Nuestra solidaridad con las mujeres inmigrantes que viven en España y que sufren con mayor invisibilidad la violencia de género, poniendo de manifiesto la necesidad de una atención especial y el acceso a ayudas económicas inmediatas que les posibiliten salir del círculo de la violencia. 

4º.- Nuestro apoyo a las mujeres rurales y nuestro compromiso de instar a la realización de un Plan especial de sensibilización en las zonas rurales andaluzas, completando los vacíos que existen en las actuales redes de apoyo social. 

5º.- Nuestra profunda preocupación por las mujeres que, pese a haber confiado en la justicia y contar con órdenes judiciales de protección, siguen siendo agredidas y en muchos casos asesinadas a manos de sus agresores, insistiendo en la necesidad de dotarlas de un Plan de seguridad personal en los casos en que el riesgo en que se encuentren sea valorado como extremo.

6º.- Nuestra confianza absoluta en que la violencia hacia las mujeres puede ser erradicada, que es un problema real en el que no caben ideologías ni utilizaciones partidistas, sino que necesita de la colaboración de todas las Administraciones y del consenso de todos los grupos políticos, con el compromiso serio de toda la sociedad.