SD.-Sanlúcar, a pesar de todo, no iba a ser menos que otras ciudades españolas en las que miles de personas han salido a la calle estos días para protestar por el precio de la vivienda y de los alquileres. Una movilización que llega, además, apenas un día después de que el Gobierno de España no lograra sacar adelante en el Congreso los dos decretos con los que pretendía reforzar la protección de los inquilinos y de las familias vulnerables.

Los dos decretos fueron rechazados este viernes en el Congreso. Entre las medidas que finalmente han decaído se encontraban la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, la prórroga de contratos de alquiler, los límites a determinadas subidas de las rentas y otras medidas destinadas a intervenir sobre un mercado de la vivienda que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país.

Millones de españoles viven de alquiler y una parte importante de ellos contempla con impotencia cómo el precio de mantener un techo sobre sus cabezas absorbe cada vez una mayor proporción de sus ingresos. Para muchos jóvenes, además, independizarse se ha convertido directamente en una quimera.

La especulación inmobiliaria, la escasez de vivienda asequible y la insuficiente respuesta de los sucesivos gobiernos durante décadas han permitido que el precio de la vivienda se aleje cada vez más de los salarios. El derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada corre así el riesgo de convertirse, como tantos otros derechos solemnemente proclamados, en poco más que papel mojado.

A las once de esta mañana, y en uno de los lugares elegidos habitualmente para este tipo de reivindicaciones ciudadanas, junto a la Biblioteca Municipal, cerca de doscientas personas se han constituido en asamblea ciudadana para protestar por la falta de vivienda asequible y por unos precios de compra y alquiler que resultan imposibles para una parte creciente de la población.

Durante casi una hora, en pleno centro de la ciudad, han tomado la palabra varios ciudadanos para reivindicar el derecho a la vivienda y defender la unidad y la movilización de la clase trabajadora como herramientas para exigir a los poderes políticos y económicos un cambio de rumbo.

Porque este problema hace tiempo que dejó de ser exclusivamente español. Buena parte de Europa contempla cómo las nuevas generaciones encuentran enormes dificultades para emanciparse, formar una familia o, sencillamente, construir un proyecto de vida independiente. Una juventud a la que se le exige estudiar, trabajar y contribuir al sostenimiento de la sociedad mientras se aleja cada vez más de ella la posibilidad de disponer de algo tan elemental como un techo propio.

En la concentración estaban presentes hombres y mujeres de diferentes sensibilidades políticas, incluidas algunas que ni siquiera cuentan actualmente con representación en el Ayuntamiento de Sanlúcar. Sin embargo, la única representación política municipal visible fue la de Izquierda Unida, formación que actualmente gobierna la ciudad en solitario.

Llamó especialmente la atención la ausencia de representantes, militantes o simpatizantes visibles del PP y Vox. Una ausencia coherente, al menos, con la posición que ambas formaciones habían mantenido apenas unas horas antes en el Congreso, donde votaron en contra de los dos decretos. También Junts se opuso a ambos textos, aunque esta formación sostiene que las medidas planteadas por el Gobierno perjudicarían la oferta de alquiler y ha presentado una propuesta alternativa.

Más difícil de entender resulta la ausencia total del PSOE sanluqueño. Si los decretos habían sido impulsados por el Gobierno del que forma parte y si la vivienda constituye ahora uno de los principales frentes políticos y sociales del país, cabría esperar que el partido de Víctor Mora hubiera estado presente en una movilización local que reclamaba precisamente buena parte de aquello que su formación había defendido el día anterior en el Congreso.

Quizá las próximas llamadas a las urnas preocupen ahora más que las llamadas de una calle que este sábado pedía algo bastante más elemental: poder vivir dignamente bajo un techo.

Acudir a la concentración, convocada para las doce de la mañana en la Puerta de Jerez, ha sido el salvavidas perfecto para justificar la ausencia de él y los suyos en la concentración en el Barrio Bajo para apoyar, dar aliento y esperanza a los que esperan ser desahuciados e inquilinos que hoy en infinidad de manifestaciones lo han hecho por todas las ciudadades de nuestro páis.

Otros actores políticos de nuevo cuño prefirieron quedarse este sábado bajo la carpa, repartiendo fotografías y buscando el contacto con unos ciudadanos que, comprensiblemente, quieren encontrar un rayo de esperanza en cualquier proyecto que prometa mejorar sus vidas.

Pero en Sanlúcar sabemos también de dónde proceden algunos de quienes integran esta nueva formación. Son herederos políticos de aquel Ciudadanos de Juan Marín que irrumpió prometiendo regeneración y una nueva forma de hacer política y que terminó desapareciendo de las instituciones andaluzas.

El tiempo dirá si esta nueva aventura política ha aprendido algo de aquella experiencia o si acabará recorriendo el mismo camino. También dirá si detrás de las nuevas siglas existe realmente un proyecto capaz de enfrentarse a problemas como el de la vivienda o si las prioridades son otras alineadas con los postulados de la derecha.

Porque las siglas pueden cambiar, las carpas pueden cambiar de color y las fotografías pueden renovarse, pero son los hechos los que terminan revelando las prioridades de cada cual. Y este sábado, cuando una parte de Sanlúcar salió a la calle para reivindicar el derecho a una vivienda digna, ellos eligieron estar en otro sitio.

Quienes llegan a la política asegurando que vienen a mejorar la vida de los ciudadanos tendrán que demostrarlo precisamente cuando los ciudadanos reclaman soluciones, no solamente cuando llega el momento de pedirles el voto. De no entenderlo, corren el riesgo de acabar nuevamente en la papelera de la Historia, como ya ocurrió con quienes les precedieron.

Porque una vivienda digna no puede continuar tratándose como un privilegio reservado a quien pueda pagarla. Es un derecho constitucional y una necesidad básica.

Y cuando las instituciones no son capaces de garantizarlo, la calle acaba recordándoselo.