II PARTE (I)

Fernando Cabral.-Decíamos en la primera parte de esta artículo publicado con anterioridad en este mismo medio, que la solución al desborde de visitantes que sufren las localidades de la Costa Noroeste cada vez que llega julio y agosto, no debería consistir únicamente en llamar a las puertas de otras administraciones, sino que pasa por una reflexión profunda sobre el modelo turístico implantado donde prima la expansión sobre otra cuestión, donde el número de visitantes es lo que importa. 

¿Qué capacidad máxima de visitantes puede soportar cada municipio sin deteriorar la calidad de vida de sus residentes? ¿Cuánto cuesta realmente atender a esa población flotante? ¿Cuánto dinero genera el turismo y cuánto de ese dinero termina financiando los servicios públicos que utiliza? ¿Quién paga la limpieza adicional, la seguridad, el mantenimiento de las playas, la movilidad, el agua, los residuos o el desgaste de las infraestructuras?

Y, sobre todo, ¿quién debe pagar la diferencia entre la población que figura en el padrón y la población que realmente utiliza la ciudad durante los meses de temporada alta?

Ahí está el verdadero problema. Porque no es justo que los vecinos de un municipio turístico tengan que financiar, mediante sus impuestos, buena parte de los servicios extraordinarios que utiliza una población flotante varias veces superior a la censada. Pero tampoco parece suficiente limitarse a reclamar más dinero público sin revisar un modelo que deliberadamente busca como objetivo incrementar cada año el número de visitantes.

La solución debería ser un nuevo sistema de financiación para municipios turísticos que tenga en cuenta la población real o flotante, y no únicamente la población empadronada. Pero ese nuevo sistema debería ir acompañado de una planificación municipal mucho más rigurosa y de una evaluación del coste real del turismo.

En definitiva, el problema no es que vengan turistas. El problema es atraerlos sin haber dimensionado adecuadamente la ciudad para recibirlos.

La Costa Noroeste tiene un enorme patrimonio natural, cultural y gastronómico. Sería absurdo renunciar a la riqueza que genera el turismo. Pero tampoco puede confundirse el éxito turístico con llenar las localidades hasta el límite de su capacidad.

Quizá haya llegado el momento de cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos únicamente «¿cuántos turistas podemos atraer?», deberíamos empezar a preguntarnos «¿cuántos turistas podemos recibir sin que nuestros municipios dejen de ser habitables para sus residentes?»

Y después, una segunda pregunta resulta inevitable: si queremos atraerlos, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir para atenderlos?

Porque la masificación turística no es un mal divino que haya caído sobre Chipiona, Rota o Sanlúcar. Es, en buena medida, la consecuencia de un modelo que durante años ha considerado el crecimiento del número de visitantes como una buena noticia.

Y si el turismo es una política económica, sus beneficios deben ser celebrados, pero sus costes también deben ser planificados.

No se puede encender el escaparate para atraer a miles de personas y sorprenderse después porque la tienda se queda pequeña.

Pero claro, hacer campañas publicitarias y de promoción de la oferta turística, además de una medida populista y efectista, es mucho más fácil que buscar alternativas económicas e industriales al excesivo peso, por no decir el único, que tiene la industria turística en sus economías locales. La alternativa siempre es lenta para obtener réditos electorales de inmediato. Es el pecado del cortoplacismo en el que viene cayendo todos sus dirigentes de la Costa Noroeste desde hace décadas sean del signo político que sean.