En el Candelero

Enrique Romero vilaseco.-Ley de Memoria Democrática

                  La ley de memoria democrática, que es más bien la ley sectaria de la izquierda, está sirviendo como coartada para cambiar muchos nombres de calles y plazas, derribar cruces, quitar estatuas y simbología varia de carácter franquista y no franquista. Es un clásico que cuando en un país se cambia la forma del Estado o gobierno, por ejemplo: república, monarquía o dictadura, los pueblos y ciudades sufran un cambio en la nomenclatura de las susodichas calles, plazas, paseos…, basta para ello bucear un poco en la historia de Sanlúcar para comprobar como un lugar va cambiando de nombre según quien mande en el ayuntamiento o bajo una determinada forma de gobierno.

               La ley de memoria histórica es el pretexto perfecto para borrar la historia que no le interesa a una parte de los políticos de España. Fue el miserable ZP, quién abrió la caja de Pandora y resucitó el enfrentamiento entre los españoles. Luego llegó el felón que mora actualmente en la Moncloa y perpetró una nueva ley, esta vez llamada democrática, según los criterios de formaciones políticas que, con una historia negra y criminal a sus espaldas, están deslegitimadas para imponer, aunque sea con una mayoría en el Congreso,  una ley hecha a medida de los intereses de aquellos partidos que tuvieron mucha responsabilidad en la guerra civil: PSOE, ERC, PNV, Comunistas etc.

             El papanatas de Mariano Rajoy, teniendo mayoría absoluta, fue incapaz de derogar una ley que a mi modo de ver es injusta y tendenciosa. La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que salió adelante gracias a la enmienda de los filoetarras de Bildu, que no contento con que dicha ley abarcara desde el 18 de julio de 1936, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978, impuso su extensión hasta diciembre de 1983. Es decir, un periodo de tiempo en el cual ya existía una democracia en nuestro país. El PSOE, partido cancerígeno desde su fundación para España, se tuvo que tragar el sapo y aceptar que la infausta ley incluyera en su texto hasta el primer año de gobierno de Felipe González, no puede haber un partido más ruin y miserable.

         El objetivo y finalidad del texto de la susodicha ley, que se recogen en el artículo 1,  no se cumplen ni ajustan al espíritu de una «…reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales…» Y en cuanto al artículo 2: Principios generales, que es del siguiente tenor. «Esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de la paz e igualdad entre hombres y mujeres» También deja mucho que desear, porque más que concordia y convivencia está logrando todo lo contrario.

       Y para lo manifestado me baso en algunas objeciones o cuestiones que aquí plasmo:

• La Ley está sirviendo de enfrentamiento entre los españoles, porque se está utilizando de manera sectaria y tendenciosa.
• La presente ley  entra en clara colisión con el artículo 20 de la Constitución Española, porque cercena la libertad de expresión, información, producción, creación literaria, artística…, libertad de cátedra. Libertad de pensamiento, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio.
• Amenaza con grandes multas, secuestros de libros y hasta cárcel para todo aquel que no esté en sintonía con una visión única e impuesta de una parte al resto de la población. Los autores pretenden ser los únicos que tengan la legitimidad de interpretar la historia según sus criterios.
  • Una de las razones de mayor peso para esgrimir que esta ley no está pensada ni escrita para todos los españoles, es que sólo le interesa la historia a partir del 18 de julio de 1936, obviando y omitiendo los años previos a la fecha en cuestión. De tal manera que acontecimientos como:

            1.-La confabulación golpista de 1930, denominado pacto de San Sebastían, ideada por los partidos de izquierda en su mayoría y varios monárquicos conversos a la república, queda fuera de la ley.

           2.- Cómo también quedan fuera del ámbito de la ley, los golpes de estados de Jaca y Cuatro Vientos, las insurrecciones de los movimientos obreros y anarquistas o  los sucesos de Casas Viejas de enero de 1933.

          3.- Las quemas de conventos, iglesias, bibliotecas y demás edificios ocurridas en  mayo de 1931.

           4.- El golpe de Estado de octubre de 1934 dado por el PSOE, UGT ERC y la partcipación del PCE.

           5.- El asesinato el 13 de julio de 1936 de José Calvo Sotelo por la motorizada del socialista Indalecio Prieto.

           6.- La detención el 14 de marzo de 1936 de José Antonio Primo de Rivera de manera injusta y arbitraria, llevado a prisión y fusilado el 20 de noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante.

            7.- El pucherazo de las elecciones de febrero de 1936 llevado a cabo por el Frente Popular, plenamente demostrado gracias al trabajo de investigación (5 años repasando acta a acta), de los historiadores Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío, que queda plasmado en su libro «Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular»

          En definitiva, una ley realizada para imponer una memoria, antes histórica y luego democrática, donde el sesgo sectario de los partidos de izquierda es diáfano, queriendo, como dije antes, imponer por ley una única visión de una parte de la historia de España.

         Bajo el paraguas de esta ley infame, los distintos gobiernos del PSOE con el apoyo de los demás partidos de izquierdas, están atuando como verdaderos talibanes. Pero eso será tema de un segundo artículo.