LO INHUMANO ES MIRAR HACIA OTRO LADO
El debate sobre la regularización de personas migrantes en España ha vuelto al centro de la discusión política, y no porque que sea un problema social acuciante, ni mucho menos, sino como cortina de humo de la derecha y extrema derecha para que no se hable de ciertas miserias que implican su propuestas políticas económicas y sociales.
Las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo calificando el proceso de regularización aprobado en Consejo de Ministros como “inhumano”, “inseguro” e “insostenible”, más allá del impacto inmediato de estas palabras, exige una reflexión más amplia, menos reactiva y más anclada en la realidad social, económica y jurídica del país.
Calificar de inhumana una medida administrativa como la regularización implica desplazar el foco del debate. La cuestión no es tanto el procedimiento legal como las condiciones previas que empujan a miles de personas a migrar. Conflictos armados, regímenes represivos, crisis climáticas y desigualdades estructurales configuran un contexto en el que emigrar no es una elección libre, sino muchas veces una necesidad. A ello se suman las rutas migratorias, donde el riesgo de violencia, la extorsión y, en demasiados casos, la muerte no es una posibilidad remota, sino una constante. Hablar de “inhumanidad” sin incorporar estas realidades supone reducir el problema a una abstracción burocrática.
Regularizar, en este contexto, no es premiar una irregularidad, sino reconocer una situación de hecho: personas que ya viven en España, que trabajan —a menudo en la economía sumergida— y que forman parte del tejido social, aunque sin derechos plenos. Negar esa realidad no solo no la elimina, sino que simplemente la hace más precaria y, por tanto, más inhumana.
El vínculo entre inmigración e inseguridad es uno de los ejes más recurrentes del falso discurso político de la derecha y extrema derecha incapaz de sustentarlo en datos reales y contrastables. De hecho, la irregularidad administrativa puede ser un factor que aumente la vulnerabilidad, tanto de las personas migrantes como del entorno social. Quien no tiene papeles tiene más dificultades para acceder a empleo formal, denunciar abusos o colaborar con las autoridades. Quien de forma altera pretende identificar inmigración con inseguridad y delincuencia, debería saber que en tal caso, la regularización puede contribuir a mejorar la seguridad al reducir espacios de invisibilidad y explotación. Asociar de forma generalizada inmigración con delincuencia no solo es impreciso, sino que dificulta la búsqueda de soluciones eficaces.
El tercer eje del debate —la sostenibilidad— conecta directamente con la estructura económica española. Sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados dependen en gran medida de mano de obra migrante. Esta no es una hipótesis ideológica, sino una constatación compartida por numerosos actores económicos.
La economía sumergida, donde se concentra buena parte del empleo irregular, genera distorsiones importantes: competencia desleal, pérdida de ingresos fiscales y condiciones laborales precarias. Regularizar implica incorporar a estas personas al sistema formal, con contratos, cotizaciones y derechos, algo que beneficia las cuentas públicas y la cohesión social. Mucho más aún en un país con una población envejecida, como es España. Los desafíos sociales y económicos no desaparecen manteniendo a cientos de miles de personas en la irregularidad; al contrario, tienden a agravarse.
El problema de fondo no es la existencia de migración, sino la falta de mecanismos ordenados, seguros y realistas para gestionarla. En ese contexto, la regularización aparece como una herramienta —no la única— para reducir la distancia entre la realidad social y el marco legal.
El debate migratorio no es solo técnico, sino profundamente político y moral. Define cómo una sociedad entiende conceptos como legalidad, justicia, seguridad o dignidad. También revela hasta qué punto está dispuesta a afrontar problemas complejos sin recurrir a simplificaciones o a estrategias de competición política.
Reducir la discusión a etiquetas como “inhumano”, “inseguro” o “insostenible” puede ser eficaz en términos electorales, pero empobrece el análisis y las posibles soluciones al problema social. La pregunta relevante no es si la regularización es perfecta —ninguna política lo es—, sino si contribuye a mejorar una situación existente que, de otro modo, perpetúa la precariedad, la invisibilidad y la desigualdad.
En última instancia, se trata de decidir si se prefiere gestionar la realidad en vez de negarla o, en su caso, criminalizarla. Y esa elección, más que técnica, define el modelo de sociedad que se quiere construir.
